Tirso Mejía Ricart 
Tirso Mejía-Ricart
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Los resultados de la prueba internacional PISA, publicados recientemente, que nos coloca en los últimos lugares en matemáticas, lectura comprensiva y ciencias, reflejan claramente la falta de visión de futuro y el afán de sacar beneficios políticos del gobierno peledeísta en los últimos 7 años.
Así aún cuando los reclamos de la población para que se invirtiera el 4% del PIB en la Educación fue rechazado en el gobierno de Leonel Fernández para el presupuesto del 2012 con el apoyo del entonces candidato Danilo Medina. Una vez ganadas las elecciones contra todos los pronósticos, gracias al uso desmesurado de los recursos del Estado, Danilo “descubrió” sus virtudes e hizo suyo el proyecto, llamándolo “Revolución Educativa”, que convirtió en una gigantesca operación inmobiliaria, acompañada de una campaña propagandística multimillonaria, que si bien ayudó con la tanda extendida a que los estudiantes tuvieran desayuno, merienda y almuerzo, pero sin espacio para aumentar la carga docente ni para modificar sus programas.
Las escuelas viejas no fueron reparadas, ni se compensó con horarios aumentados a los que quedaron fuera de esas operaciones. En 7 años sus resultados son realmente decepcionantes.
Por eso uno de los objetivos claves que debe perseguir el próximo gobierno del Partido Revolucionario Moderno(PRM) en el periodo 2020-2024, debe ser el pleno desarrollo del sistema educativo, partiendo de que esta es la mejor garantía para el mejoramiento económico y político sostenido es la calificación de los hombres y mujeres de este país.
La educación y la cultura deben impulsarse vigorosamente sin escatimar los recursos que resulten indispensables para tales fines; pero sobre todo a partir de una mística, organización y administración, capaces de imprimirles un dinamismo, y el aprovechamiento máximo de los recursos materiales y humanos disponibles, así como la cooperación internacional dentro de ese sector con valores como los de igualdad de género, el rechazo a la violencia, y otras normas cívicas.
Esa tarea requiere de un liderazgo firme, y de funcionarios encargados de velar por la orientación y la administración del proceso educativo.
Procede una reorganización total de los servicios educativos en la sede central y todo el país, que permita enfrentar todas las complejas tareas que deben realizarse para superar la “crisis de crecimiento” que padece la educación dominicana.
Se impone una renovación total de las bases institucionales, filosofía, planes de estudio, métodos y programas; que permitan un mejoramiento sustancial, tanto en el orden cualitativo como cuantitativo, de la educación dominicana.
La educación requiere con urgencia que se implante una severa supervisión de todo el quehacer docente, que asegure la ejecución de todo el proceso en beneficio de la población escolar y detenga el avanzado deterioro por el incumplimiento de sus funciones que se observa por doquier en el personal oficial que abarque a los directores, maestros, padres y policía escolar.
Es indispensable crear los incentivos necesarios para que maestros y estudiantes realicen en las mejores condiciones las tareas que les corresponden.
Estos objetivos y medios deben ser puestos al servicio de las metas sociales aplicables al sector educativo, a saber:
a) Democratizar la enseñanza, traducida en la universalización de la educación pre-escolar, primaria y la diversificación de la enseñanza secundaria y superior.
b) Ofrecer igualdad de oportunidades para los diferentes sectores sociales, ofreciendo especial protección a los marginados.
c) Adecuar la formación educativa de la población a los requerimientos del desarrollo autónomo del país.
