HUGO GUILIANI CURY
Si vamos a hacer una reforma fiscal hagámosla bien. Decidamos que los impuestos deben mayormente ser directos, establezcamos el nivel de imposición óptimo para dotar al Estado de suficientes recursos pero limitando su capacidad de estar creando nuevos impuestos, asignemos prioridades y fiscalicemos al gasto público. Hacer eso es obligatorio, ya que las reformas realizadas durante la década del noventa en todos los países del hemisferio no lograron los objetivos deseados, porque no fueron bien diseñadas y en algunos casos su instrumentación no se hizo correctamente.

Esto ha dado lugar a que hoy en día en toda nuestra región exista un estado de insatisfacción ciudadana con el sistema democrático y los partidos políticos. La gobernabilidad se ha hecho más difícil y el realizar una gestión pública que sea exitosa requiere emplearse a fondo y hacer transformaciones más profundas de lo que se hacía en el pasado. Bajo la situación actual de nuestro país con unos precios de petróleo en US$70.00 el barril y un TLC que próximamente tendremos con Estados Unidos, serán factores determinantes para irnos obligando a realizar una amplia reorganización del Estado dominicano.

Las experiencias históricas de un gran número de naciones demuestra que aun cuando un gobierno tenga mayores ingresos fiscales eso no ha significado que esos impuestos hayan sido devueltos a la población en mejores servicios de salud, educación y seguridad pública. Lo que en la mayoría de los casos ha sucedido es que esos recursos se gastan en sueldos y obras improductivas. Entonces se crean compromisos fijos que demandan nuevamente de mayores recursos y nuevos impuestos. Es un ciclo vicioso que define la voracidad fiscal de los Estados.

Los impuestos salen de los ahorros de las personas y de los beneficios que tienen las empresas. Por ello siempre ha surgido la interrogante de cuál debería ser el monto óptimo del ahorro que debe ir al Estado con la finalidad de que este pueda cumplir con las obligaciones de proveer a los ciudadanos de todos los servicios que requieren. Existen dos escuelas del pensamiento económico que se colocan en los extremos. Una de ellas indica que el Estado debe tomar una gran porción de los ahorros privados para proveer a la ciudadanía de los servicios que éstos requieren. La otra escuela señala que los ciudadanos deben, con los ahorros acumulados y no pagados al Estado, proveerse ellos mismos de los servicios que necesitan. Entre los dos extremos han surgido otras corrientes de opinión que han ido ganado terreno y se basan en tres grandes pilares. El primero es que los impuestos deben ser mayormente de carácter directo y no indirectos, porque esto penaliza a los sectores de menor ingreso.

El segundo es que se debe determinar una carga fiscal óptima que permita a los gobiernos poder cumplir con sus obligaciones hacia los ciudadanos, lo cual es denominado el nivel de imposición óptimo. El tercer y último pilar es el que asigna prioridades y montos específicos para cada renglón del gasto público. Tomando este esquema lo primero que se hace es buscar que las fuentes de los impuestos sean de carácter directo y no indirectos. Actualmente tenemos en República Dominicana que un 70% de nuestros impuestos son indirectos y un 30% son directos. Esto debería gradualmente ser modificado hasta alcanzar por lo menos que un 50% de los impuestos sean de carácter directo.

Lo segundo que se determina es establecer una carga fiscal que permita a los gobiernos tener un nivel de ingresos suficientes para atender con amplitud las necesidades de laos ciudadanos y cumplir con sus objetivos de desarrollo. Para lograr esa meta se determina el llamado nivel de imposición óptima y se establece un tope que sirve para establecer un límite a los ingresos fiscales que el Estado deberá tener. En el caso dominicano, un ejemplo de esto es que si aplicamos esa fórmula podríamos afirmar que el nivel óptimo de recaudación fiscal podría estar alrededor de un 20 a un 25% del PBI. Si escogemos la tasa máxima de un 25%, estaríamos dotando al Estado Dominicano de suficientes ingresos que le permita cumplir con las necesidades básicas del pueblo dominicano y también se podría resolver el enorme déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central.

Las prioridades y el uso que deberán tener los ingresos fiscales deberá basarse en un plan de desarrollo económico que determinará las prioridades y hacia dónde serán orientados esos recursos. Sin querer establecer pautas y prioridades, estos deberían ser sectorialmente asignados en términos porcentuales y en relación al producto bruto interno de la forma siguiente: 4.5% para educación, 4.0% para salud, 5.0% para gasto social, 1.5% para agua potable y saneamientos, 4.0% para la administración pública, un 5.0% inversión y un 1.0% para establecer un fondo de reserva presupuestal que sería utilizado para atenuar los ciclos de la economía. Esta reserva sería utilizada para ahorrar cuando las vacas estén gordas y ser usado cuando las vacas estén flacas.

La suma de esos porcentajes dan un total de 25.0% del PBI que es el nivel de ingresos y gastos que hemos determinado como óptimo. Sin embargo, como el país tiene necesariamente que resolver el déficit cuasi-fiscal del Banco Central, se debería reservar un 5% para destinarlo a esa finalidad hasta que se elimine totalmente dicho déficit. Por ello, si hacemos los ajustes en los porcentajes anteriormente señalados para sí reservar el 5% y cubrir el déficit del Banco Central, tendríamos que al gobierno dominicano le quedaría para gastar recursos disponibles ascendentes a un 20% del PBI. Este es un nivel muy superior a lo que tradicionalmente hemos tenido en los últimos catorce años, cuyo promedio ha sido un 15.4% del PBI. En el futuro cuando se elimine el déficit del Banco Central el gobierno tendría recursos ascendentes a un 25% del PBI.

Un pacto fiscal de esta naturaleza establece de dónde provienen los recursos; también determina el nivel óptimo de los ingresos pero a la vez limita la capacidad impositiva futura del Estado, y al mismo tiempo establece el destino de los recursos. Es una reforma que se enmarcaría dentro del proceso evolutivo y de modernidad que requiere nuestra sociedad para lograr tener una mejor gobernabilidad y legitimizar el papel del Estado. Una reforma de esta naturaleza debe estar acompañada de otras leyes que pongan límites legales a la capacidad de emisión del Banco Central y al endeudamiento externo e interno del gobierno, aspectos éstos que de hacerse garantizarían el buen funcionamiento de la economía.

Comenzando con un pacto fiscal como el sugerido, sería una magnifica oportunidad para que la nación se aboque a modificar su actual modelo de desarrollo, a fortalecer y modernizar sus instituciones. De no hacerlo así, seguiremos tapando hoyos y cada vez nos acercaremos más a ser un verdadero Estado Fallido.