Lío de entidades públicas afecta a  los usuarios

Lío de entidades públicas afecta a  los usuarios

Seis entidades estatales están envueltas en conflictos, con  acusaciones y contra acusaciones, desde hace varios meses, lo que afecta a miles de usuarios, pues se trata de entidades de regulación y de prestación de servicios.

Son  la Superintendencia de Bancos y el Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor (Proconsumidor); la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisaril) y el Seguro Médico para Maestros (Semma)  y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Comisión Nacional de Energía (CNE)  y la Superintendencia de Electricidad.

El conflicto entre Proconsumidor y la Superintendencia de Bancos se debe a que la primera ha exigido a los bancos el envío de los contratos de adhesión de los tarjetahabientes, lo que las entidades financieras han rechazado, alegando que están regidos por la Ley Monetaria y Financiera.  La Superintendencia ha endosado la posición de los banqueros.

En tanto  el caso ha llegado a la justicia,  luego deque la Asociación de Bancos ha sometido un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.

El enfrentamiento entre la Sisaril  y el Semma  es otro caso complicado pues no se sabe quién tiene la razón.

 Ante la crisis financiera  de la ARS, el gerente de la Sisaril, Fernando Camaño,  ha alegado que esta se resiste a ser supervisada, mientras que el director ejecutivo del Semma, Bernardo Defilló, afirma que el organismo es hostigado por la Sisaril.

En el sector eléctrico,  el director de la Comisión Nacional de energía, Enrique Ramírez,   acusó a la Superintendencia de Electricidad de retrasar los permisos para los proyectos de energía limpia que tardan hasta año en ser aprobados.

Mientras que ayer, el vicepresidente ejecutivo de  la CDEEE, Celso Marranzini  también acusó a la Superintendencia de Electricidad de obstaculizar las labores de las empresas distribuidoras de electricidad por la demora en los procesos.

Esta situación afecta la institucionalidad de la República Dominicana  y también ofrece una impresión de que no es la ley que impera en cada organismo, sino que se actúa en base a la prepotencia o los caprichos de los funcionarios públicos. 

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