Hoy 
La reforma fiscal es un hecho consumado. El Senado aprobó, sin hacerle cambios, el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, en la cual la pieza original fue modificada para incluir el controversial impuesto de un 25% al edulcorante de maíz. Las escaramuzas por impedir la inclusión de esa carga fallaron, a pesar de muchas argumentaciones sobre la alegada inconveniencia de esa decisión.
El Poder Ejecutivo, que solicitó formalmente a los senadores la exclusión del impuesto al sirop, ha decidido promulgar la ley, según ha informado la portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. La decisión se justifica en virtud de que las urgencias financieras del Gobierno y la necesidad de llegar pronto a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París contraindicarían una eventual observación de la misma para tratar de salvar la posición del país ante Estados Unidos en lo que concierne al Tratado de Libre Comercio.
Ahora está por verse cómo tratará el Gobierno de contrarrestar o atenuar los efectos inflacionarios de la reforma fiscal, que contiene aspectos que inevitablemente podrían esfumar la relativa bonanza de precios que se ha estado percibiendo desde que la cortización del dólar empezó su carrera hacia la baja.
-II-
Por ejemplo, el aumento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS) de un 12% a un 16% tendrá efectos sobre los costos de producción y los precios de bienes que no están directamente gravados por ese impuesto. Al encarecer los servicios, el aumento del ITEBIS influirá en los costos de esos bienes y en sus precios al consumidor.
La reforma fiscal es un sacrificio al que tendremos que someternos para que el país pueda ponerse en condiciones de hacerle frente a obligaciones externas, como el pago de capital y servicios de la deuda y los intereses de los bonos soberanos, e internos como el subsidio del gas licuado de petróleo, la energía eléctrica y hacer las inversiones que requiere la marcha del país, a lo que se suma ahora la devastación causada por la tormenta.
Ya hemos visto cómo, reiteradamente, el Gobierno incurre en atrasos en el pago del subsidio del gas y de la energía eléctrica y esto desestabiliza tanto el mercado eléctrico como el suministro del combustible, con perjuicios para la economía. Cuando esto pasa, el remedio más socorrido es tomar dinero prestado, como se hizo ahora, para amortizar las deudas. Sin mejores ingresos, como los que se derivarán de la reforma fiscal, el sector oficial tendría que vivir de deuda en deuda, y eso no es conveniente.
La parte crucial del sacrificio es la que concierne a los efectos sociales de las cargas que contiene la reforma en las capas menos afortunadas de la población. El actual Gobierno ha planteado la necesidad de indexar la economía familiar con planes que permitan mejorar la calidad de vida. La reforma podría garantizar recursos para esos fines, si es que las obligaciones locales e internacionales dejan lugar para ello.
La pregunta crucial es si el Gobierno está preparado para evitar que los efectos inflacionarios de la reforma lleguen a convertirse en un detonante social. ¿Listos?
