La empresa Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras  informó ayer que demandó al Estado dominicano ante un tribunal de arbitraje internacional, con sede en París, Francia, por el incumplimiento del contrato para la ejecución de la carretera Santo Domingo-La Romana. El secretario de Obras Públicas, ingeniero  Víctor Díaz Rúa, reaccionó diciendo que la empresa carece de recursos para hacer la obra. No teme ir a arbitraje.

La empresa Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa) informó ayer que se vio obligada a demandar al Estado Dominicano ante un tribunal de arbitraje internacional, con sede en París, por el incumplimiento del contrato para la ejecución de la carretera Santo Domingo-La Romana, mientras que el secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aseguró que ganará el litigio.

 En visita a la redacción de este diario,  Roberto García y  James Craig, representantes de Codacsa, explicaron que el retraso en la terminación de la autopista se debe a que el Estado  no ha cumplido con el contrato que establece un aval de US$10 millones, previo al inicio de la obra,  para mitigar el riesgo cambiario.

El contrato establece: “Para dar plena seguridad a las entidades financieras prestatarias de que se cuenta, a través de este mecanismo mitigador del riesgo cambiario, con absoluta garantía de disponibilidad de las aportaciones en divisas del Estado, éste suministrará una garantía por  importe de Diez Millones de Dólares”.

Sin embargo Díaz Rúa aclaró que esos recursos sólo podrían ser entregados cuando la concesionaria hiciera la inversión y que jamás ha aportado recursos, excepto los que se cobra del peaje que son del Estado.

García dijo que ante esa negativa de las autoridades no han podido tener acceso a dos préstamos de la banca internacional y que a pesar de eso siguen trabajando en la obra  con los recursos propios de la empresa de capital nacional e internacional.

Las claves

1. El proyecto

Se inició en 2003 y  su costo proyectado fue de 4,488,472,268.00. El convenio fue firmado en 2002 y ratificado por el Congreso meses después. La obra tendría tres peajes con los que se recuperaría la inversión en  30 años. Actualmente se ha ejecutado el 30%, unos 17  kilómetros.

2.  La inversión

Según     Codacsa, hasta mayo de 2008  se han invertido RD$1,360 en construcción; 155 en mantenimiento; 145 en gastos operacionales y 30 en proyectos  ingeniería.

Díaz Rúa: “Yo se la voy a quitar”

 El secretario  de Obras Públicas afirmó que  Codacsa  no tiene capacidad para hacer la obra y que la mejor muestra es que en un comunicado informó que sólo tiene RD$235 millones para un proyecto que sobrepasa los RD$4,000 millones.

“Ellos tienen siete años con el proyecto y sólo han invertido el equivalente a US$6 millones, que es mentira que han invertido esa cantidad, ese es el mejor negocio del mundo, ellos quieren hacer una carretera con el dinero del Estado y después quedarse con los tres peajes”, dijo Díaz Rúa.

Manifestó que el aval de los US$10 millones era para garantizar el tema cambiario y eso no tiene nada que ver con que ellos pongan o no pongan dinero y no se le dio el dinero porque el contrato consigna que ellos tienen que hacer obras antes del Estado entregarle dinero.

Indicó que no sabe cuál es el aporte de Codacsa si los trabajos que han hecho son con el dinero  cobrado del peaje, que es propiedad del Estado,  y se preguntó qué dinero tiene que buscar si ellos no han invertido nada.

“Ellos han cogido del Estado mil y pico de millones, se han pagado sueldos, han comprado carros, viven de eso y están haciendo la obra y entonces cuál es el chiste de eso, ellos sí quieren vender la concesión en 111 millones de dólares”.

Díaz Rúa dijo que esos inversionistas son enemigos del país que quieren quedarse con el dinero del pueblo y con relación a la demanda internacional dijo que “después de haber llegado a un acuerdo para que ellos se salieran y lo que hicieron  fue ganar tiempo y nos metieron a nosotros en el arbitraje”.

     Al referirse al contrato de concesión advirtió: “yo se lo voy a quitar legalmente, aunque sea lo último que haga porque yo lo que estoy haciendo es defender el dinero del pueblo”.

Aclaró que no tiene ningún interés particular en el proyecto, pero que se  siente en el deber de defender a la República Dominicana de esos negociantes que sólo les interesa obtener beneficios.