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SAN SALVADOR (AFP) – La Iglesia Católica y entidades defensoras de los derechos humanos demandaron al gobierno medidas eficaces para frenar la galopante ola de violencia que agita a El Salvador, la cual deja un promedio diario de doce muertes y múltiples robos y extorsiones.
«La violencia es un problema muy serio que nos afecta a todos, no podemos dejar de lado que el gobierno tiene su responsabilidad en este tema, pero todos los salvadoreños también la tenemos, por tanto, hay que ver cuál es la mejor manera de enfrentar esta situación», aseguró a la AFP el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz.
La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), en una carta pastoral, advirtió el lunes que la violencia golpea «con toda su crudeza» al país, por lo que estimó que el Estado debe «propiciar el bien común».
«Se asesina para robar; se asesina por venganza; se asesina por encargo; se asesina bajo el efecto del alcohol o las drogas; se asesina casi siempre con armas de fuego que circulan prácticamente sin control; se asesina a sangre fría; se asesina con lujo de barbarie y en completa impunidad y hay quienes afirman que se asesina incluso como método de limpieza social», señaló la CEDES.
En tanto, la procuradora de Derechos Humanos, Beatrice Alamanni, criticó «la ineficacia» de las autoridades de seguridad pública en el combate y reducción de la violencia.
«Yo siempre lo he dicho, la violencia engendra más violencia, y acá el gobierno únicamente se ha dedicado a reprimir a los pandilleros como si ellos fueran los únicos responsables de los crímenes, pero qué pasa con el crimen organizado, con los delincuentes comunes, ellos también causan muertos en el país y ahí no se ve mucho avance», lamentó Alamanni.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, sostuvo que «existe la posibilidad» de que el tema de la violencia «se les esté escapando de las manos a las autoridades».
«Es posible que se les esté saliendo de las manos esta situación (de violencia), esos planes de seguridad no funcionan, la gente no percibe la seguridad en las calles, hay que poner un alto a esta situación de inseguridad», señaló el activista humanitario.
Entre los sectores afectados por la violencia se encuentra el transporte público de pasajeros, que en lo que va del año ha sufrido el asesinato de 121 empleados y empresarios a manos de las pandillas, conocidas como «maras».
Los asesinatos en el sector transporte, según la Policía Nacional Civil (PNC), tienen que ver con la negativa de los empresarios de pagar un «impuesto» que las pandillas exigen a cambio de permitirles trabajar «en sus territorios».
«Es una situación difícil la que viven» (los empresarios de transporte), reconoció el subdirector de la PNC, el comisionado Pedro González.
El presidente de la Federación de Asociaciones y Cooperativas de Empresarios Transportistas Salvadoreños (Fecoatrans), Catalino Miranda, pidió a las autoridades de seguridad pública «detener cuanto antes la violencia».
«Los empresarios de transporte ya no soportamos este acoso por parte de los pandilleros; ya son muchas muertes las que hemos tenido que soportar y ver que no se hace nada, o se hace poco para pararlas; esto es crítico», dijo Miranda a la AFP.
Según cifras de la PNC, de los 3.043 homicidios ocurridos en el país entre el 1 de enero y la primera quincena de octubre, 55,3% está relacionado con las pandillas, 29,1% con rencillas personales, 6% con delincuencia común y 5,7% con problemas intrafamiliares o relaciones de pareja.
La ola de violencia se mantiene en El Salvador pese a los denominados planes gubernamentales «super mano dura» contra las maras, y «antihomicidios», que se centra en la captura de delincuentes que evadieron la cárcel.
