Moscú (EFE).- Los sectores liberales rusos instan a la sociedad y fuerzas opositoras a hacer frente a la reforma política «autoritaria» del presidente Vladímir Putin, que, como siguiente paso, prevé suspender las elecciones de los alcaldes.

   Fuentes del Kremlin revelaron esta semana que un nuevo proyecto para anular la elección de los ediles de las grandes ciudades será presentado «en breve plazo» a la Duma para que los diputados estudien y aprueben ese documento «de forma prioritaria».

   El proyecto apunta a reforzar aún más la «verticalidad del poder» promovida por Putin, una centralización sin precedentes en Rusia que ha suscitado comparaciones con la desaparecida URSS y duras críticas por menoscabar los principios democráticos, violar la Constitución y fortalecer el poder personal de Putin y su «clan de espías».

   El nuevo plan continúa la polémica reforma radical del sistema político del país lanzada por Putin tras la reciente toma de rehenes en Beslán como condición indispensable para combatir eficazmente el terrorismo y separatismo en Rusia.

   Esa reforma contempla la eliminación de las elecciones directas de los jefes de las entidades federadas de Rusia, que en adelante serían nombrados por las respectivas asambleas legislativas a propuesta del presidente, autorizado a disolver esos parlamentos regionales si rechazan dos veces seguidas a su candidato.

   De forma similar, los alcaldes de las grandes ciudades serían aprobados por las asambleas legislativas urbanas a propuesta de los gobernadores, algo compensados así por el continuo recorte de sus propias facultades.

   La reforma prevé además modificar el sistema por el que se elige a los diputados de la Duma, al suprimir de la legislación electoral el sistema mayoritario, o por circunscripciones, al que corresponde ahora la mitad de los 450 escaños de la cámara baja.

   Según el proyecto de ley, que los diputados estudiarán el próximo día 28, la Duma -ya ahora dominada por el «partido del poder, Rusia Unida- sería elegida totalmente por listas de partidos, y ya hay propuestas de elevar del 5 al 7 por ciento la «barrera electoral».

   Otra ley, ya aprobada por el Senado, concedió al presidente el derecho a designar a más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo, paso que le garantiza el control férreo del poder judicial, ya ahora acusado de ser un instrumento dócil del poder.

   Esa reforma ha suscitado las críticas de quienes creen que su objetivo final es permitir que Putin, tras completar en 2008 el segundo y último mandato que permite la Constitución, sea reelegido por tercera vez, y ya ni siquiera mediante sufragio universal, sino por un Parlamento poco menos que nombrado a dedo.

   «Las medidas propuestas por el presidente no tienen nada que ver con la lucha contra el terrorismo y buscan refrendar un régimen autoritario», denunció estos días la alianza opositora Comité-2008.

   Esta asociación de políticos e intelectuales liberales que promueven elecciones libres y el retorno a los valores democráticos en una futura «Rusia sin Putin», calificó la reforma presidencial como «un programa detallado de desmontaje de las instituciones básicas de la democracia» que «socavaría el régimen constitucional» ruso.

   El Comité-2008 instó a la ciudadanía a manifestarse por todo el país el próximo día 28, cuando la Duma aborde la reforma, en defensa de sus «derechos políticos y cívicos» y llamó a los partidos liberales a montar un «frente común contra el poder», al que también invitó a la oposición comunista y a los nacionalistas de izquierda.

   La organización Acción Civil, que agrupa a activistas de derechos humanos, denunció «un golpe constitucional» y propuso celebrar un Congreso Cívico para trazar una estrategia común «en defensa de la libertad y la democracia, de los derechos cívicos, políticos y socio-económicos, y por el fin de la guerra en Chechenia».

   La organización Human Rights Watch acusó a Putin de «aprovechar la tragedia de Beslán para reforzar su poder», coartar la libertad de prensa y perseguir a la oposición y a los grandes empresarios que no obedecen las reglas del Kremlin.

   Recientemente, 115 políticos e intelectuales de Europa y Estados Unidos vertieron críticas similares a Putin en una carta abierta, y en Rusia su reforma le mereció reproches de sus antecesores en el Kremlin, Mijaíl Gorbachov y Borís Yeltsin.

   Según Rostislav Turovski, analista del Centro de Tecnologías Políticas, el objetivo de Putin es «garantizar la sucesión del poder» tras 2008 para «mantener el timón en manos del equipo actual y los grupos de influencia aliados».