SAN SALVADOR (AFP).- El gobierno salvadoreño ha emprendido una campaña mediática para alentar a la población a vencer el temor a denunciar las masivas extorsiones, que delincuentes y violentas pandillas cometen a diario en diferentes ciudades del país en total impunidad.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia gubernamental han sido los 12 homicidios diarios que se han contabilizado en los últimos 15 días, así como las extorsiones en la ciudad de San Miguel, 138 km al este de la capital, que acapararon los mayores espacios en los medios de comunicación.

El ministerio de Gobernación, mediante una campaña mediática y carteles pegados en postes y teléfonos públicos en diferentes ciudades, ofrece facilidades para poner “la denuncia” llamando a una central telefónica, donde se promete tratar cada cada caso de forma confidencial. En cinco días la denominada Central de Denuncias -con capacidad para recibir 20 llamadas simultáneas- registró 267 denuncias, que fueron debidamente cursadas a la Policía para su investigación.

“Desde el pasado 1 de setiembre, cuando habilitamos la Central telefónica, recibimos hasta el cierre del martes un total de 267 llamadas, de las cuales 161 fueron por el delito de extorsión”, declaró el portavoz del ministerio de Gobernación, Porfirio Chicas, a la AFP. 

 La mayoría de llamadas, según portavoces de la Policía, provino de San Salvador y ciudades de su periferia, La Paz, en el centro del país, Sonsonate, en el oeste y San Miguel, en el este.

   El primero en motivar a la población a que denuncie las extorsiones es el presidente Elías Antonio Saca, que día tras día en sus habituales ruedas de prensa pide a los afectados que acudan a la policía y Fiscalía para que se inicien las investigaciones.

   “Yo creo que la gente debe comprender, primero que no debe caer en la extorsión, ni en el chantaje. Por lo tanto, si denuncian, porque ellos (los afectados) saben perfectamente quien los extorsiona en su localidad, la policía, con los nuevos recursos legales que tenemos, podemos actuar”, comentó Saca.

   Al referirse a la campaña mediática del gobierno, la directora de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado, María Julia Hernández, comentó a la AFP que “la denuncia es necesaria, pero funcionará en la medida que la población tenga confianza en sus instituciones”.

   Según Hernández, la población tiene temor a denunciar, en virtud de que decenas de testigos fueron asesinados por encargo de los victimarios para evitar toda prueba testimonial y salir libres de un proceso judicial.

   Pero el ministro de Gobernación, René Fifueroa, adelantó que el 22 de setiembre las autoridades dispondrán de un mecanismo para impulsar la protección de testigos.

   “Mientras las instituciones no funcionen en forma adecuada y los testigos no tengan la seguridad de que no encontrarán la muerte, decenas de crímenes quedarán en la impunidad”, subrayó Hernández.

   Según estudios de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), de cada 100 delitos que son ventilados en los tribunales sólo 10% logra dilucidarse, el resto queda en la impunidad por falta de destigos y otro tipo de pruebas científicas.