POR GERMAN MARTE
Además de una gestión económica más eficiente y de una política social que enfrente la pobreza imperante en el país, la ciudadanía espera del gobierno una real voluntad política para enfrentar la corrupción «mas allá del discurso o la simple promesa», afirmó ayer el director ejecutivo de Participación Ciudadana.

Javier Cabreja sostuvo que no es posible preocuparse por el tema de la gobernabilidad democrática sin hablar primero de la transparencia y la lucha contra la corrupción, a juicio del director ejecutivo de Participación Ciudadana.

Y destacó que entre democracia y transparencia existe una estrecha relación, para lo cual estima imprescindible que haya rendición de cuentas y acceso a la información gubernamental.

Al participar en la Mesa Redonda Sobre Transparencia y Gobernabilidad organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en la Universidad Iberoamericana, Cabreja aseguró que en el alto y creciente nivel de corrupción que existe en el país representa grandes costos económicos y éticos, por lo que se precisa enfrentarla «si no queremos ver profundizada la crisis».

Subrayó que la incidencia de la corrupción en el país es sistémica y estructural, pues involucra a los distintos sectores y actores de la vida nacional y ha estado presente por décadas.

SE REDUCE CONFIANZA

«Cuando existe corrupción en un país, se ve reducido el nivel de confianza de la ciudadanía en el sistema democrático», afirmó Cabreja.

Añadió que esto podría estar llevar a una perdida de legitimidad y apoyo al régimen democrático, en vista de la frustración que siente la población frente a servidores públicos que ponen sus intereses particulares y grupales por encima de los intereses de la colectividad.

Asimismo, Cabreja recalcó que los problemas de la corrupción están vinculados a la falta de instituciones fuertes, al clientelismo en la burocracia gubernamental, a la debilidad en la aplicación de los marcos legales y su adaptación, al patrimonialismo, a los ineficientes controles, a la falta de aplicación e incumplimiento de las normas y reglamentos, y a la débil participación de ciudadanía en el mundo de lo público.

A esto se suma la falta de una real voluntad política de parte de las autoridades para enfrentar este flagelo, y la ineficiencia de nuestro sistema de administración de justicia en la investigación, persecución y el sometimiento de los casos de corrupción, expresó Cabreja.

Resaltó que la corrupción se ha visto alentada por la impunidad reinante en nuestra sociedad. Aquellos que han incurrido en prácticas corruptas, que se han enriquecido de manera ilícita, no tienen ningún tipo de consecuencias en términos legales o morales.

Una vez que la corrupción se hace sistémica, añadió Cabreja, «la probabilidad de detección y sanción disminuye y se crean incentivos para que la misma siga aumentando».

De acuerdo con el director ejecutivo de PC, uno de los problemas en nuestro país es que la administración pública ha sido incapaz de implementar la ley 14-91, aprobada hace ya 13 años, y que establece el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, lo que haría más eficiente el Estado y contribuiría con su profesionalización.

Muy por el contrario, resaltó, se prefiere mantener una administración pública con una nómina supernumeraria, empleados mal pagados y poco preparados, como una manera de alimentar el clientelismo político, agregó.

Manifestó que el Estado dominicano carece de procedimientos idóneos para la contratación de bienes y servicios públicos lo que hace de ésta el área del sector público en que más recursos se desvían por concepto de corrupción.

Precisó que un sistema corrupto «alienta una excesiva inversión en infraestructura pública» pues es una forma fácil de apropiarse de recursos del Estado de manera abundante.

Dijo que la práctica común del grado a grado supone un gasto excesivo por parte del Estado en la adquisición de bienes y servicios que son al mismo tiempo ineficientes.