Llave en mano: aberrante

Llave en mano: aberrante

A cualquier Presidente de la República que le lleven un proyecto de 50, 80 ó 120 millones de dólares, con financiamiento externo asegurado, donde no hay que erogar un centavo del presupuesto nacional, que se comenzará a pagar en 4 ó 5 años y que con ello logra resolver un problema social importante, como es la construcción de un acueducto o una carretera, lo firma con los ojos cerrados. Y el Congreso le sigue atrás por las razones que sean, más cuando el Ejecutivo lo controla.

Pero esos proyectos, así como pueden resultar atractivos a simple vista, generalmente resultan extremadamente onerosos para la nación, donde el costo que se paga a largo plazo es mucho mayor que los beneficios que generan.

En primer lugar, los proyectos llave en mano tienen tasas de interés atractivas si se comparan con las tasas de los bonos soberanos en los mercados internacionales. Pero cuando usted le echa mano a esos contratos y los analiza con lupa, se encontrará que entre gastos de administración, comisiones y otras condicionalidades indignantes, como es que todos los bienes que necesita el proyecto, deben comprarse en el país que concede el financiamiento, usted termina dándose cuenta que en vez de un 5% de interés, le están clavando un 18% ó 20%, o sea el doble o el triple que la tasa que se pagaría colocando bonos soberanos.

En segundo lugar, patean por el trasero a la industria nacional, porque nos obligan a comprar en otro país bienes que son producidos localmente a mejor precio y de igual calidad. Eso se convierte en un serio problema para determinar el costo real del proyecto, ya que esas compras en el exterior están sobrevaluadas y envuelven jugosas comisiones que se depositan allá.    

En tercer lugar, los proyectos llave en mano son tan onerosos, que casi siempre se negocian pagando altas comisiones en cada etapa donde tienen que ser aprobados, especialmente en el Congreso. Hay que engrasar muchas manos y brazos, lo que finalmente pagarán los contribuyentes, ya que eso estará incluido en el costo de la obra.

En conclusión, esos proyectos se ejecutan manga por hombro, con poca supervisión y terminan costando mucho más de lo que inicialmente se aprobó. Además, no ayudan al consumo interno, no promueven el empleo y no le generan beneficios al fisco.

Si vamos a seguir endeudándonos, hagámoslo bien y de la forma menos onerosa para el país. Pensemos primero en los beneficios que el proyecto tendrá para la industria nacional, el fisco, el turismo, el empleo y para la ciudadanía en general. Optimicemos los recursos, buscando financiamiento de forma transparente, ya sea con organismos multilaterales o través de la colocación de bonos soberanos. En ambos casos, los proyectos se adjudicarían mediante concurso público, con una buena supervisión que lo acompañe y asegurando costos competitivos.

El gobierno debe rechazar de plano la exigencia del consorcio dominico-español Acciona Agua-Abi-Karran, que construye el acueducto de Peravia, de importar bienes y equipos que se producen en el país de buena calidad y a precios competitivos. Si hay que cancelar el contrato, ir a un juicio o arbitraje y suspender temporalmente la obra, que se haga de inmediato, que al final de cuentas saldremos beneficiados.

Entendemos las precariedades presupuestarias del 2011, las presiones sociales de las comunidades y la ansiedad del gobierno de hacer algo en el interior del país, que ha sido abandonado en materia de inversión pública. Pero por favor, busquen otras vías menos aberrantes, que no ofendan nuestra inteligencia. Y apresúrense a firmar con el FMI para no ahogarnos en plena sequia. 

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