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LIMA (AFP) – El gobierno de Perú envió este lunes a Chile una comisión de alto nivel con el fin de iniciar gestiones urgentes para extraditar al ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Santiago, y juzgarlo en Lima por acusaciones de delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. La comisión está presidida por el ministro del Interior, Rómulo Pizarro, y por el procurador anticorrupción Antonio Maldonado y busca iniciar las acciones legales del caso ante el gobierno de Chile, amparada en el derecho internacional.
En una primera reacción sobre el caso, el presidente Alejandro Toledo agradeció al gobierno de Chile por la detención en Santiago del ex mandatario Alberto Fujimori.
«Quiero expresar mi agradecimiento público al gobierno de Chile por un primer paso dado», dijo el mandatario en una ceremonia pública en Lima al referirse a la situación del ex jefe de Estado.
La reacción de Toledo se produjo luego de que el gobierno chileno ordenara este lunes la detención del ex jefe de Estado -quien llegó el domingo a Santiago desde Japón- y comenzara a dar los primeros pasos para atender un pedido de Perú para su extradición.
Toledo anotó que las autoridades peruanas no van a permitir que Fujimori «intente burlarse pagando un avión de medio millón de dólares, burlando a la Interpol, pensando que no existe justicia».
El mandatario se refirió al vuelo en un avión privado en que llegó el ex gobernante a la capital chilena tras hacer una escala en México.
«Que se acerque más (a Perú), pero para responder ante los fiscales y jueces», dijo al expresar que respeta la independencia de poderes.
Toledo confió en que las autoridades judiciales no dejarán que se permita algún signo de impunidad ante la «década oscura y corrupta» del fujimorismo y refirió que «el dinero mal habido no comprará la conciencia de fiscales y jueces».
Por iniciativa del presidente peruano, se tomó la determinación de enviar la misión de alto nivel a Santiago en una sesión extraordinaria del gabinete ministerial la tarde del domingo, poco después del sorpresivo arribo del ex mandatario a Santiago.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Walter Vásquez Vejarano, descartó que Fujimori sea víctima de una persecución política, tal como sostienen los partidarios del ex presidente, y aseguró que tendría un proceso justo.
«La justicia peruana no es un campo de concentración, es un poder del Estado que garantiza plena y cabalmente la aplicación de la Constitución y las leyes, sin distinguir a personas», sostuvo.
Por su parte, el canciller Oscar Maúrtua dijo que la misión enviada a Santiago tiene como finalidad establecer contacto con las autoridades judiciales chilenas de manera de articular y organizar la posición peruana con fines de extradición.
«Todo el proceso debe ajustarse al debido proceso y a la legítima defensa», anotó.
Maúrtua señaló que Perú tiene dos meses para abastecer a Chile de toda la documentación correspondiente que sustente las acusaciones.
En el lado del partido fujimorista Sí Cumple, su secretario general Luis Delgado Aparicio, anunció que esa agrupación iniciará una «resistencia pacífica» en defensa del ex mandatario, a quien consideran su candidato natural para las elecciones de abril del próximo año.
Carlos Raffo, vocero de Fujimori en Lima, estimó que la detención del ex mandatario estaba dentro de los riesgos previstos, señalando que al final Fujimori «saldrá bien librado» de su actual situación.
Lourdes Flores, candidata presidencial de la derechista Unidad Nacional y favorita en el electorado según todas las encuestas, dijo que el caso no debe ser politizado y que Fujimori debe ser extraditado para ser juzgado «por supuesto con pleno respeto a sus derechos porque es lo mejor para el Perú y para él mismo».
«Debemos ser especialmente prudentes y cautelosos, no dar lugar a nada que pueda ser cuestionado, que el proceso se efectúe con todo rigor», dijo.
