NUEVA YORK.- Durante años, el ala de Clinton del Partido Demócrata, poniendo un candado a las políticas económicas del partido, argumentó que la economía podía lograr un crecimiento sostenido sólo si se permitía a los mercados operar libre y globalmente.

Por encima de las protestas de los sindicatos, un grupo electoral tradicional, el gobierno de Bill Clinton apoyó vigorosamente acuerdos de libre comercio como el TLCAN y aceptó el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio. Si había daño para los trabajadores, entonces el campo de Clinton prometió abordarlo después de que ocurriera, a través de seguros salariales, por ejemplo, o readiestrando a los trabajadores y otras medidas de red de seguridad.

Este enfoque coincidió con un periodo de prosperidad económica, bajo desempleo y déficits declinantes. Con el tiempo, esta combinación — llamada Rubinomía en honor del secretario del Tesoro del gobierno de Clinton, Robert E. Rubin — se convirtió en el modelo aceptado del círculo demócrata para el futuro.

Ya no. Como los demócratas ahora son mayoría en el Congreso, y está creciendo la inquietud por la globalización, una facción del partido que ha carecido de poder — los populistas económicos — está surgiendo y promoviendo fuertemente una alternativa a la Rubinomía.

Los populistas argumentan que el ingreso nacional ha fluido desproporcionalmente a las arcas corporativas y las familias más ricas de la nación, y que el desequilibrio ha empeorado en los últimos años. Quieren reconsiderar el papel de Estados Unidos en la economía global. Intervendrían en los mercados y los regularían mucho más que los rubinistas. Para empezar, declararían una moratoria sobre nuevos acuerdos comerciales hasta que se incluyeran cláusulas que, por ejemplo, restringieran los despidos y protegieran los ingresos.

 «Estamos en un punto en que la era de Reagan finalmente podría haber terminado, incluidos los ocho años de Bill Clinton», dijo Jeff Faux, miembro del Instituto de Política Económica, un grupo de investigación orientada a los trabajadores financiada en parte por la AFL-CIO. «La conyuntura histórica aquí es si los demócratas pueden plantear políticas que estén al nivel del problema».

La división no es en torno al daño producido por la globalización. Rubin y sus seguidores dicen cada vez más que la globalización no ha traído seguridad laboral o ingresos crecientes a millones de estadounidenses. La «parte del pastel incluso podría estarse reduciendo» para vastos segmentos de la clase media, escribió recientemente el sucesor de Rubin como secretario del Tesoro bajo el mandato del Presidente Clinton, Lawrence H. Summers, en un artículo de opinión en The Financial Times. Y los populistas ciertamente están de acuerdo.

Pero el campo de Rubin argumenta que regular el comercio, o imponer otras restricciones de mercado, no sería la solución.

«Se pga un elevado costo económico cuando se adoptan intervenciones del mercado», dijo Peter R. Orszag, miembro del Instituto Brookings y líder del grupo seguidor de Rubin. Argumentó, por ejemplo, que las restricciones sobre los despidos «impedirían la capacidad de los mercados para reubicar la mano de obra eficientemente».

Como resultado, afirman los rubinistas, habría un crecimiento económico más lento y menos ingreso nacional que distribuir, equitativa o inequitativamente. Fue un argumento que Clinton adoptó hace 15 años al impulsar al Congreso a aprobar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Para los trabajadores que resultaron perjudicados por el libre comercio, el gobierno ofreció una red de seguridad, no inmunidad ante el daño.

Los populistas económicos argumentan que los acuerdos comerciales en sí mismos son el problema. Citan varios estudios que muestran que más empleos se trasladaron a México como resultado del TLCAN de los que se crearon en Estados Unidos para atender al mercado mexicano.

 «No veo al Congreso aprobando algún acuerdo comercial bilateral que no tenga fuertes estándares laborales y ambientales incorporados», dijo el representante Sherrod Brown de Ohio, un demócrata recién elegido para el Senado, en una entrevista la semana pasada.

Los populistas económicos dentro y fuera del Congreso están organizándose para impulsar sus propuestas, uniéndose alrededor del Instituto de Política Económica. La AFL-CIO es un miembro muy visible de esta coalición. Los sindicatos han ganado influencia política por su papel en los estados más disputados como Ohio, donde los demócratas hicieron sustanciales avances en la elección complementaria.

«Sentimos que tenemos una voz más fuerte ahora en las deliberaciones del Partido Demócrata», dijo Ronald Blackwell, economista en jefe de la AFL-CIO.

Así como los populistas se han organizado, tentativamente llamando a su grupo Prosperidad Compartida, también lo ha hecho el círculo demócrata. Su contraparte es el «Proyecto Hamilton», formado la primavera pasada para elaborar políticas en ancitipación de un Congreso demócrata y, en 2008, un triunfo demócrata en la elección presidencial. Orszag, quien era economista destacado en el gobierno de Clinton, dirige el proyecto. El financiamiento proviene de demócratas ricos, entre ellos Rubin.

En cuando a cómo se enfrentan los dos grupos, Lawrence Mishel, presidente del Instituto de Política Económica, afirma que los populistas están presionando más duramente que los rubinistas en favor de atención médica universal subsidiada por el gobierno. También favorecen ampliar la Seguridad Social para compensar la declinación en la cobertura de pensiones en el sector privado.

Aparte de esas diferencias, hay no obstante asuntos cruciales en los cuales coinciden los grupos. Ambos patrocinarían legislación que redujera las colegiaturas universitarias, principalmente a través de créditos fiscales o tasas de interés más bajas sobre los préstamos estudiantiles. Ambos ampliarían el crédito del impuesto sobre ingresos percibidos para subsidiar a los pobres que trabajan. Ambos harían que el gobierno negociara precios de medicinas más bajos para el plan de medicinas con receta de Medicare. Y pese a sus críticas a las reducciones de impuestos del Presidente Bush, ni los populistas ni los rubinistas tratarían de darles marcha atrás, corriendo el riesgo de un veto para cuyo rechazo los demócratas no cuentan con los votos suficientes.

«Cualquier solución que presenten va a ser rechazada antes de que la planteen», dijo Rubin en una entrevista la semana pasada, refiriéndose principalmente a los impuestos.

Señalando la ligera mayoría de los demócratas en el Congreso, añadió: «Pienso que se necesita un proceso que involucre al Presidente de Estados Unidos, los líderes de ambos partidos y los líderes de ambas cámaras».

La amenaza de un veto de Bush afecta a otra parte de la agenda demócrata: un aumento en el salario mínimo. Ambas facciones demócratas apoyan un proyecto de ley, que será introducido en enero, que elevaría el salario mínimo a 7.25 dólares por hora respecto de los actuales 5.15 dólares. El aumento vendría en tres pasos, a lo largo de más de dos años, y los 7.25 finales se alcanzarían en la primavera de 2009.

Esos son los mismos 7.25 que serían efectivos hoy si el Congreso hubiera dado su aprobación cuando el senador Edward M. Kennedy, demócrata de Massachusetts, propuso por primera vez el aumento en 2004. Sin embargo, Kennedy es el principal patrocinador del nuevo intento de elevar el mínimo, y su estrategia es que los 7.25 dólares, extendidos hasta 2009, es lo bastante moderado para ser aceptable para Bush y muchos republicanos.

«Después de que exitosamente aprobemos este aumento», dijo Kennedy la semana pasada, «planeo introducir una nueva propuesta de inmediato que aseguraría que los trabajadores de salario mínimo nunca más se queden rezagados en nuestra economía».

El debate del salario mínimo ilustra que al final, la política económica podría ser determinada menos por objetivos partidistas que por las restricciones de la política pragmática.

El representante Maurice D. Hinchey, un demócrata cuyo distrito de Nueva York incluye a Kingston y otras ciudades económicamente deprimidas, afirma que el mínimo federal debería ser de 10 dólares por hora ahora. Elevarlo tanto sería poco realista, reconoció, pero en el debate congresional en torno a la propuesta de Kennedy, Hinchey impulsará que los 7.25 dólares sean efectivos antes de la primavera de 2008, no en 2009.

«Si saliera a la calle en Kingston», dijo Hinchey, «y dijera a la gente que el salario mínimo va a subir a 7.25 dólares hasta 2009, me dirían: »¿Eso es todo lo que los demócratas van a hacer? ¿Por qué vote por ustedes?»»