¿Llegará a su ocaso el imperio de los espías criollos?

Una disputa comercial entre grupos que defienden cada uno intereses legítimos, como son establecer una nueva fábrica de cemento, por un lado, y defender la integridad ecológica de Los Haitises y sus aguas, por el otro, ha desatado una guerra política y mediática cuyo colofón ha sido una descabellada denuncia atribuyendo a fuentes de “organismos de inteligencia del Estado” estar “dándole seguimiento” a los desgañitados ecologistas.

Parecería como si defender a Los Haitises equivale a atribuir al Presidente Fernández ser “el principal responsable y promotor” de la nueva cementera. Pero no quiero referirme a las batallas mediáticas entre ecologistas y cementeros, pues quizás ambas partes tienen buenas razones…

La cuestión es que cada vez que surge algún gran conflicto por intereses empresariales en pugna, un elemento constante es el empleo del “cuco” de los “organismos de inteligencia del Estado” o el efectivo uso de los espías privados cuya especialidad de la interceptación de comunicaciones, especialmente por teléfono.

Un veterano de la CIA que dirigió la propaganda contra Arbenz en Guatemala y luego en la invasión de Bahía de Cochinos y que fuera más tarde jefe de estación en Santo Domingo, David A. Phillips, decía que “escuchar conversaciones telefónicas ajenas, directamente o en colaboración con la seguridad local, es relativamente fácil. Procesar lo logrado, o sea el tedioso repaso de las grabaciones, preparar las transcripciones, interpretar y dar seguimiento a la variopinta trivialidad, es costoso y difícil”. Modernamente las computadoras facilitan el espionaje electrónico masivo.

La interceptación legal y legítima, cuando es ordenada por una autoridad competente como parte de alguna investigación policial o judicial, es una poderosa herramienta, especialmente para combatir el narcotráfico y et terrorismo. Pero el espionaje telefónico privado, ilegal y espúreo, muchas veces resulta en chantaje, extorsión o deslealtades empresariales o políticas. Hay innumerables leyendas urbanas criollas sobre el tema.

Uno no se explica cómo los Estados Unidos, que a través de ONG o financiando directamente proyectos públicos, viene reclamando mayor institucionalidad, el imperio de la ley, mejores prácticas empresariales y transparencia, no ha utilizado su enorme influencia para que los gobiernos dominicanos de los últimos tiempos pongan fin al espionaje privado.

Si se trata de proteger a oficiantes a quienes se le deben favores, siempre habrá para ellos suficiente taller oficial, pues a decir verdad sólo con lo de las drogas podrían mantenerse todo el tiempo bien ocupados y remunerados.