Tan importante es disponer de una maquinaria expedita para mitigar daños que la furia de la naturaleza causa como ocuparse institucionalmente en adelanto a los acontecimientos de la eliminación de debilidades estructurales que solo cobran actualidad cuando ocurre lo peor. Los destrozos por fenómenos meteorológicos y sísmicos ineludibles son susceptibles de atenuación a través de prioridades en la inversión pública y con la aplicación de normas que obliguen a ciudadanos y al propio Gobierno a construir previsoramente. El levantamiento por el Estado de viviendas con su correspondiente saneamiento de entornos combate la pobreza extrema devenida de un acceso desigual al desarrollo en el país.

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Pero las remediaciones a daños habitacionales y a los servicios públicos deberían incluir acciones más determinantes sobre factores que anteceden a desastres a falta de efectivos programas que rescaten familias de la marginación a que parece condenarlas la fragilidad y a ser blanco de los exabruptos del clima que va hacia más frecuentes comportamientos anormales.

La provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional están afectados por un agudo déficit de control de inundaciones sin alcantarillados de drenaje y sin la canalización con recubrimientos de hormigón que supriman los trayectos de inmundicias sólidas y líquidas de cañadas que amenazan y niegan calidad de vida a miles de familias en sus orillas. Con sentido previsor también debe aplicarse el código antisísmico.