UBI RIVAS
Apoyado por el Congreso que le es suyo, el presidente Leonel Fernández obtuvo modificar la ley de la Liga Municipal Dominicana, la famosa y sinuosa LMD, para que en lo sucesivo «pase a ser una entidad asesora en materia técnica y de planificación de los cabildos dirigida por un secretario general electo por los síndicos».

Elimina por consiguiente, el capítulo administrativo de los recursos de la ley que asigna el 10% del Presupuesto y Ley de Egresos, la pieza más importante de la economía de todos los países del mundo, incluido USA con el gigantismo productivo de sus transnacionales.

El presupuesto de la LMD en lo sucesivo será un feudo de la Asamblea Anual de Municipios en coordinación con la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.

Es decir que cero recursos para administrar el secretario general su albedrío y absoluta discreción, quien además, en lo siguiente, tendrá que disponer de un título universitario en economía, derecho, contabilidad, administración pública, de empresas ó áreas afines y demostrar amplia experiencia municipal.

¿Está claro todo?

Se argumentará que la decisión del presidente con la LMD es política y la respuesta es que de tratándose de un organismo político si habría de esperarse que el gobernante dispusiera una medida religiosa.

El presidente, empero, disponiendo de la facultad absoluta de arbitrar que le otorga la mayoría congresional del Congreso, morada, debió ir más lejos suprimiendo la LMD y administrando los recursos de ley para los cabildos, vía la Secretaría de la Presidencia, que es el organismo político rector de todo gobierno. ¿O existe otro?

Porque la LMD es un organismo inoperante, inútil, que ha rebasado en mucho su tiempo, como un tiranosaurus rex que de pronto aparezca en la avenida Enrique Jiménez Moya, frente justo al edificio de la LMD que debiera convertirse en una extensión del hospital infantil Robert Reid Cabral.

En ese mismo orden el presidente debiera suprimir de un plumazo o con el auxilio de sus compañeritos de las bases en el Congreso, la Oficina Supervisadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, un organismo paralelo a la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, en que la primera viene, como dicen los mexicanos, sobrando. ¿O es imprescindible esa dualidad sospechosa?. Idéntica dualidad ocurre en el BNV y el INVI. ¿Cuál de los dos se queda?

Así también con la superintendencia de Bancos, que hace dualidad con el ya de por sí gigante Banco Central, no solo por su estructura física, sino por su abultada empleomanía y sus salarios de emiratos árabes del Golfo.

También la Oficina de Aprovisionamiento del gobierno, estimando que todos los departamentos del Estado realizan sus propias compras de todas sus necesidades. ¿O no es así, o asina como dicen los cibaeños?.

Ese otro mastodonte del pleistoceno inferior que se llama INESPRE, suprimirlo y crear el Departamento de Promoción Alimenticia de la SEA.

Convertir asimismo a todas las fortalezas del país en las cabeceras de cada provincia, legado del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo para disponer de un control más directo de la población, en centros de salud, escuelas de formación acelerada de oficios, y preservar las de Dajabón, Restauración, Villa Anacaona, Jimaní, Elías Piña, Pedernales y paramos de contar.

¿Cuál es el objetivo de mantener una fortaleza del Ejército en cada provincia que no fuese un dispendio de gastos del contribuyente y una subida extrañeza de propios y extraños?.

En un año pre-electoral con aprestos reeleccionistas, reducir el gigantismo del Estado y volcar esos recursos a obras de  interés social lo interpreto como sumamente inteligente, práctico, útil, transformador del Estado obsoleto.