El 12 de diciembre del año 2005 el entonces presidente Leonel Fernández promulgó la resolución 553-05 en la que se aprobó el contrato de compraventa para vender, ceder y transferir cuatro parcelas con una extensión de 495,211.58 metros cuadrados a la Constructora Inversiones Turísticas Sans Soucí que desarrollaría un ambicioso proyecto urbanístico en la desembocadura del río Ozama.
Gracias a ese contrato el grupo empresarial recibió una concesión para administrar los muelles de Santo Domingo y Sans Soucí durante 40 años, lo que llevó a todos los Gobiernos a olvidarse de ellos hasta que el martes pasado colapsó una parte de la estructura de la terminal Don Diego. Por el momento, a menos que se demuestre lo contrario, parecía que fue por el peso de una carga de acero.
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Que ese puerto se esté utilizando para cargas muy pesadas es una tremenda irresponsabilidad porque no fue diseñado para ello: al presentar el idílico proyecto -que no se ha materializado ni en un 50%- la empresa estableció claramente que se trataba de un muelle para cruceros.
¿Por qué nadie reparó en que se ha estado usando para fines inadecuados? ¿No se supervisa el funcionamiento de los puertos? Lo que sucedió es grave. Alguien pudo morir. Ojalá eso no se quede así.