Estúdiese con el interés que merece la propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, de conducir al país hacia un acuerdo unificador de voluntades que incluya sectores políticos decididos a expresar su común anuencia a los aspectos generales y específicos de las acciones que deben tener lugar contra los efectos de la Covid-19 en la sociedad. El punto de vista favorable a la iniciativa del presente editorial no implica desconocer en lo que vale el trabajo constante y auspicioso que llevan a cabo autoridades de diferentes áreas. Pero también susceptible de crecer en sus alcances y efectividad tras tomarse en cuenta las visiones que provengan de litorales no oficiales, de roles políticos, económicos y profesionales y de notable representatividad.

La nave del Estado, de cuyo timonel siempre ha dependido mucho la buena marcha a mediano y largo plazos de asuntos públicos y privados, navega por aguas de traspasos de mando agitadas por una crisis sanitaria que ya obligó a posponer unas elecciones generales. Contra los riesgos de que las disparidades usuales entre aspirantes al poder den origen con ligereza a cambios de estrategias y métodos para lidiar con los males del coronavirus, los liderazgos nacionales deberían suscribir compromisos que garanticen permanencia de planes sanitarios y para reactivación económica de común aceptación. Inmunidad para la continuidad del Estado.

Fallando en lo elemental

La falta de coordinación y aplicación de protocolos y directrices de obligado conocimiento en subalternos explicaría el que autoridades policiales, provinciales y sanitarias de Puerto Plata permanecieran en pasiva contemplación ante una concurrida marcha de flagrante violación a las normas que buscan salvar al país de muchas muertes por un virus. Una ausencia de reacciones encadenadas en el sector oficial que desluce a quienes con investidura muestran interés de llevar las cosas por el mejor camino. Aquí se vive exhortando a los ciudadanos a ser los héroes de la contención a la pandemia acogiéndose a las limitaciones generalizadas de movimientos que mejor frenan a la Covid-19 al propiciar el distanciamiento físico también llamado social. Pero no debe faltar la presencia disuasoria de agentes y funcionarios conscientes de sus obligaciones.