Durante muchos años esta sociedad ha aspirado contar con una ley de partidos que sirva para democratizar internamente a estas organizaciones, pero también que sirva para sanar esta democracia enferma del clientelismo y la corrupción, sin embargo es lamentable que esas aspiraciones parece que van a ser abortadas por el tema de las primarias abiertas.
Cuando parecía que la comisión bicameral estaba haciendo su trabajo y que se aprobaría una pieza fruto del consenso de todos los partidos representados, resulta que el tema de las primarias abiertas, que básicamente surge por diferencias a lo interno del PLD, ha trancado el juego y aunque el Senado aprobó en primera lectura una ley que la incluye, no hay la certeza de que en la Cámara de Diputados se logre el número de votos necesarios y aun cuando se consiguiera, todo parece indicar que el destino final de dicho proyecto lo decidiría el Tribunal Constitucional.
Cuando este artículo salga publicado, el Senado de la República habrá aprobado en segunda lectura el proyecto de ley de partidos, incluyendo las primarias abiertas, pero faltaría el camino en la Cámara de Diputados, en donde se creó una comisión especial para estos fines. En caso de que no se obtenga el número de votos, consistente con una ley orgánica, estaríamos en presencia de un “tranque” que solo lo podría resolver un acuerdo interno en el PLD o de lo contrario el tiempo, como han advertido el presidente de la JCE y el del TSE, se habrá agotado y se concurrirá a las elecciones de 2020 sin una pieza tan importante.
Al margen del interesante debate en torno a la constitucionalidad o no de las primarias abiertas, simultáneas y con el padrón de la JCE, lo cierto es que en 2005 una ley de primarias abiertas fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, en funciones de tribunal constitucional, y justamente fue el actual presidente de la JCE quien a través de una fundación sometió el recurso.
Los partidos de oposición están en contra de las primarias abiertas, también varias organizaciones de la sociedad civil como FINJUS, CONEP, AIRD, ANJE se han manifestado en contra de esta figura y han pedido un consenso amplio para la ley de partidos. Sencillamente una batalla interna del PLD ha bloqueado la oportunidad de un consenso y hasta la posibilidad de contar con la ley.
Una buena ley de partidos, además de normar los procesos democráticos en las organizaciones, debe contener los elementos para garantizar que esta democracia no sea tan costosa, que una posición electiva no conlleve gastar millones de pesos para ganarla y la única vía para lograr ese objetivo es que el financiamiento de los partidos y el costo de las campañas sea regulado por esa ley.
Una ley de partidos debe transparentar la contabilidad de las organizaciones de forma tal que esta sociedad sepa quienes financian las campañas, pero esa ley de partidos, como ocurre en muchos países, debe poner un techo al financiamiento privado, prohibir los aportes de empresas extranjeras y limitar el gasto en la campaña electoral. Así construiremos una democracia más sana y procesos electorales más equitativos.