JULIO BREA FRANCO
El primer paso para cambiar es la toma de conciencia de que algo va mal, porque no funciona como debería o, simplemente, porque aparecen nuevas situaciones antes no previstas. Ese parece ser el caso, en la política dominicana, con respecto a la campaña electoral.  Hemos tomado conciencia de que el tiempo que se le dedica es largo. De que resultan muy costosas. De que para realizarlas se requiere mucho dinero. De que los recursos provienen de fuentes muy disímiles, algunas espurias e ilícitas.

De que el financiamiento público no resulta efectivo por ausencia de controles. De que se ha llegado al punto que únicamente los que disponen de mucho dinero o vías para agenciárselo compiten con amplia ventaja sobre los demás. Por consiguiente, estamos de frente a un ambiente de competencia imperfecta, donde la tentación de utilizar los recursos del Estado es grandiosa  mas cuando no hay sanciones  y estimula la corrupción.

  Lo peor de todo es que se ha creado una situación en donde el narcotráfico, con sus inmensos dineros, cada día con mayor facilidad, compra candidatos en sus intentos de conquistar el poder y criminalizarlo. Es ésta la faceta más dramática y dañina que se experimenta en países de la región.

Las cosas no van bien y hay que actuar con celeridad para atajar, ajustar y eventualmente revertir estas disfuncionalidades. Pese a la toma de conciencia, en concreto poco se ha avanzado. Desde hace quince años andamos con el intento de reglamentar sin alcanzar éxito alguno. Inicialmente la Ley 12-92 ordenaba a la JCE dictar una serie de reglamentos que se intentaron en 1993 y luego en el 2000 y el 2004. Por otra parte, algunas ONG trabajaron en la elaboración de un proyecto de Ley de Partidos que, no obstante las promesas de que sería conocido, no ha arrojado ninguna iniciativa sostenida. Es obvio que a pesar de la necesidad hay mucha inercia en los partidos que no desean control alguno.

Se ha dicho que el conocimiento de este asunto es extemporáneo. Que ha de dejarse para cuando los partidos y sus gentes puedan trabajar con cabeza fría, concentración y tiempo.

Si nuevamente se posterga la discusión no es verdad que se hará después de las próximas elecciones. Las reformas nunca se han hecho en tiempos de suficiente antelación. Ha sido todo lo contrario. Los políticos son reactivos, nunca propositivos. El asunto es buscar una vía eficaz para avanzar lo más que se pueda. Aun está por verse si la reciente iniciativa de la JCE terminará llegando a puerto. Pero es importante, es necesaria y es impostergable.

Lo importante no es ir, sino llegar. El proyecto de Reglamento de la JCE es muy inclusivo y abarcador. Hay mucho material junto lo que lo torna más proclive a su rechazo como una sola pieza. Lo recomendable es un cálculo de consenso y disenso. No todo se rechaza pero no todo se aprueba. De ahí que una vía sería precisamente desglosar el documento en varios más específicos de manera de trabajar los más aceptables inicialmente dejando para un segundo momento la discusión sobre las materias más conflictivas.

Por otra parte, hay que «trabajar» la aprobación de los reglamentos. Las reuniones a muy alto nivel no resultan ser eficaces. Cuando hay políticos y hay prensa no se logra un trabajo efectivo. Por ello una opción que demostró su eficacia en el pasado consistió en habilitar una instancia en la JCE para sostener reuniones de trabajo a puertas cerradas (pero no secretas), de manera de analizar, discutir y definir los textos con los representantes de los partidos acreditados ante ella.

Agotar las sesiones de trabajo para que en un ambiente de apertura, respeto y colaboración entre las partes se arribe a versiones consensuadas que pasarían, entonces, al pleno de la Junta para su decisión, conocimiento en audiencia pública y final aprobación. Al ser un producto de trabajo conjunto las objeciones, reparos y sugerencias se toman en cuenta para que al final del camino, y luego de las requeridas audiencias públicas, se aprueben sin problemas.