Financiar el desarrollo es uno de los principales retos de la economía dominicana. Pero también, el Estado Dominicano no tiene la legitimidad para exigir más impuestos por que no hay garantías de que esos recursos no se van a desviar a los bolsillos de funcionarios en corrupción, comisiones, barrilitos, pensiones y liquidaciones y quién sabe cuántas cosas más.

Entre 2008 y 2011 el déficit público total estuvo en alrededor del  4%. En 2012 habrá un déficit global del 8.1% del PIB, unos RD$187.3 mil millones, equivalentes a US$4,800 millones para todo el año, el doble del Baninter.

Ese aumento no fue causado por una caída de los ingresos públicos ya que estos aumentaron y es falso afirmar que el origen del déficit está en el subsidio eléctrico, ya que estos solamente explican el 12% del aumento del gasto hasta agosto. Es obvio que el déficit fue causado por la campaña electoral, por la deviación de fondos y el clientelismo.

Frente a esa situación el Estado pide RD$55 mil millones adicionales de impuestos.  Es decir, darle más dinero al mismo grupo de funcionarios que creó este desorden que ahora debe pagar el pueblo dominicano con pobreza y hambre. ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que mañana no vuelva a dispararse el gasto? ¿Qué garantías hay de que no sigan desviando fondos?

El Gobierno tiene que ganarse la legitimidad y por lo tanto, lo más importante es la transparencia total de la forma de cómo se ha venido ejecutando el gasto en los últimos años, establecer responsabilidades de las violaciones a las normas y leyes y crear los mecanismos de seguridad para tener garantías de que no vuelva a pasar.

La situación no se va enfrentar encubriendo los hechos, con el silencio, pagándole a “bocinas” en la televisión y la radio o acusando a la ciudadanía que reclama transparencia de ser del PPH. Es con honestidad, transparencia, cumpliendo con la ley y terminando con la impunidad. Ese es el primer paso para enfrentar la situación. La ciudadanía tiene derechos a esperar eso del gobierno.

Más aún, un ejercicio de programación presupuestaria realizada por el Consejo de Economistas del Centro Bonó para las organizaciones sociales que forman parte del CES, mostró que sin cobrar un centavo más de impuestos, es posible hacer un presupuesto para 2013 cumpliendo el 4% para la educación, aumentado el gasto en salud, cubriendo el subsidio eléctrico, pagando el servicio de la deuda y al Banco Central y redistribuyendo los recursos de forma que la gran mayoría de los ministerios recibirían el mismo nivel del 2011 o un poco más.

Pero, lo más importante es establecer los correctivos para que no se vuelva a repetir el desorden del 2012.