El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Sandy Filpo, anunció ayer un plan de acción que procura renovar en el Congreso Nacional la Ley 28-01 sobre desarrollo fronterizo, tras afirmar que esa ley ha permitido la instalación de 82 empresas que generan 17 mil empleos.

Asimismo, responsabilizó al Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana y otras entidades empresariales de la capital de obstaculizar la ley.

Informó que los que impidieron la renovación de la ley de incentivo fronterizo fueron los mismos que se opusieron en Santo Domingo al Aeropuerto Internacional del Cibao y al muelle de Manzanillo.

La preocupación fue expuesta por Filpo en una rueda de prensa con dirigentes de la Asociación de Tiendas del Centro Histórico de Santiago (Acesensa), de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan) y Asonaimco, representadas, por José Octavio Reinoso, Julio César Pérez Mata y Juan José Jiménez, Eduardo y Alejandro Nouel, entre otros.

Filpo manifestó que en principio esta ley fue aprobada tal cual por el Senado de la República y luego pasó a la Cámara de Diputados y fue variada a última hora.

De acuerdo a la ACIS esos cambios al proyecto de renovación de la Ley 28-01 fue un “palo asechao” porque fue variada, pese al consenso alcanzado.

Sostuvo que el artículo dice que solo esas empresas podrían hacer negocios en el área adscrita en los pueblos fronterizos, creando una especie de irritación a los empresarios de la zona.

Informó que hoy las empresas acogidas a la ley quedan desprotegidas porque al vencerse ayer se desconoce la suerte de estas entidades. “Esa ley ha permitido la instalación de 82 empresas que generan 17 mil empleos, con una inversión superior a los RD$15 mil millones, siendo está una de las zonas de menor índice de criminalidad”, dijo Filpo.

El plan. Filpo dijo que pedirán a las autoridades de la Cámara de Diputados que apruebe la ley, tal y como la sancionó el Senado. También socializarán la problemática con el sector empresarial y los medios de comunicación para demostrar por que es necesario preservar esta ley. También abordarán al liderazgo nacional, que incluye a los presidentes de los partidos políticos, así como los dirigentes más importantes del Gobierno y la oposición.