MARIEN ARISTY CAPITÁN
Cuando era pequeña eran mi devoción. De madera, con unas figuras envidiables, las muñequitas mostraban su mejor sonrisa para que nos hiciésemos con sus cuerpos y pudiéramos jugar, papel sobre papel, a que las vestíamos como princesas.

Con trajes de ensueño, zapatitos y hasta carteras que se pegaban con unos imanes que causaban furor por aquellos años, las mariquitas de entonces nos permitían cambiar de escenario con una prisa inusitada: de un crucero a la oficina o la boda… el destino dependía del traje del momento.

Así, como esas mariquitas que tanto entretuvieron mis horas de infancia, son los jueces que tenemos en estos momentos en la Junta Central Electoral (JCE): bien puestos, cambian de vestidura según les convenga y, vestidos de ocasión, muchas veces parecen tener una función decorativa.

Eso es lo que se desprende de lo que pasó con el Proyecto de Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de Medios de Comunicación, un instrumento que no pudo ser implementado porque no contó con el consenso de los partidos ni los medios.

En una resolución que da tanta pena como indignación y vergüenza, la JCE anunció la posposición del reglamento «como un aporte a la armonía que debe rodear las próximas elecciones y la legitimidad de ese organismo», tal como se publicó en este mismo diario el pasado miércoles 21.

En esa noticia, escrita por Loyda Peña, la Junta Central Electoral (JCE) acusa a medios de comunicación y a partidos políticos de anteponer sus intereses en perjuicio de la democracia.

«Es evidente que los partidos políticos dominicanos no se encuentran aún maduros para someter sus actuaciones a un Reglamento de Campaña Electoral; y que los medios de comunicación prefieren poner sus intereses particulares por encima de los intereses de la democracia», dice el documento.

Al leer esto, no pude más que sorprenderme al ver que la Junta está reconociendo claramente que no tiene ninguna autoridad: hace, en nombre de no menoscabar su prestigio, lo que le permiten los partidos y los medios de comunicación.

Hasta el momento pensé que el rol de la Junta no sólo era el de arbitrar los comicios sino también el de controlar las campañas electorales. Y esto, a mi juicio, significa poner las reglas y hacer que éstas se cumplan.

Está visto, sin embargo, que la Junta depende de todos los intereses que rodean a los partidos y, por tanto, es incapaz de tomar decisiones por sí misma y de mantenerlas. Porque, ¿al principio se suponía que los jueces estaban de acuerdo en torno al reglamento? ¿No habían dicho que la campaña todavía no podía comenzar?

Posteriormente, cuando los partidos fijaron posición y los jueces que responden a cada uno de ellos se hicieron de la vista gorda, tanto el reglamento como la fecha de la campaña se fueron por la borda. ¿Resultado? Los partidos están haciendo lo que les dé la gana o, lo que es lo mismo, continúan con una campaña electoral que inició mucho antes de tiempo.

Amén de los mitines y todo lo demás, el país se ve sacudido por la propaganda y las discusiones estériles de los candidatos. También se asquea al saber que en esa campaña los dominicanos estamos dilapidando mil millones de pesos que, para los partidos, es tan sólo una chilata.

Aunque es evidente que no se hará nada con la campaña electoral porque la Junta no tiene autoridad para controlar ni hacer nada, al menos tienen que comenzar a pensar cómo van a lograr que ese reglamento se apruebe después que pasen las elecciones.

Para lograr el éxito de ese proceso debe dejarse de lado a todos los sectores que se ganan la vida viviendo de la eterna campaña electoral que ocupa la vida nacional los 365 días de todos los años.

Será difícil, por no decir imposible, que se pueda consensuar el reglamento con quienes han hecho de la política un negocio tan rentable como absurdo. Tomando eso en cuenta, y creando un instrumento que se cumpla sin importar a quién moleste, los jueces de la Junta dejarán de ser como las mariquitas con las que jugaba yo de niña.