El tema de la corrupción es costoso denominador común en muchos pueblos. En Bolivia, le ha costado varios puestos electivos importantes al partido del Presidente Evo Morales, y en Chile y Brasil es tormento para las presidentas Michelle Bachelet y Dilma Rousseff, por citar solo unos pocos ejemplos. Es notable que en cada uno de los casos la modalidad de corrupción ha consistido en el manejo indelicado de recursos públicos por gente con cargos oficiales o influencias en el poder.

Si algo entusiasma de todo esto es la forma cada vez más enfática en que los pueblos se han ido empoderando de una causa espontánea que reclama un combate efectivo, que no efectista como ha sido, contra la corrupción. Eso no significa que el tema no esté siendo usado como arma en las pujas políticas entre partidos o tendencias a lo interno de esas organizaciones, pero no hay duda de que la participación no partidista aumenta.

Aquí hemos tenido en estos días efervescencia de grupos que reclaman acabar con este costoso mal. La sociedad civil está cada vez más comprometida con el reclamo, y las dudas sobre la idoneidad del aparato judicial se expresan vigorosas y valientes. Nada mejor le puede pasar a un país empobrecido por la corrupción que crea fortunas ofensivas, que este movimiento que reclama un adecentamiento definitivo de nuestro aparato judicial.

INFORMALIDAD DECEPCIONANTE

A pesar del gran esfuerzo por organizar el Estado, entre las dependencias oficiales abunda la informalidad, el irrespeto de las normas y la falta de planificación estratégica. El Ministerio de Administración Pública se queja porque 207 de las 316 instituciones públicas monitoreadas por esa cartera tienen calificaciones en rojo en cumplimiento de la Ley de Función Pública, planificación, autoevaluación, gestión de calidad y otros indicadores. Apenas 24 obtuvieron calificación sobre 90 puntos.
Aparte de eso, las mismas dependencias públicas han sido el mayor obstáculo para la aplicación de la ley que impondría regulaciones en el salario de los servidores públicos y que pretende eliminar los vicios y las distorsiones provocadas por el clientelismo con que se han manejado todos los partidos políticos que han ido al poder.