Por: Luissannia Coronado Joaquín

El compliance electoral evolucionó a partir de los escándalos de corrupción política, sobornos, y financiación de los partidos políticos del controversial caso Watergate. Gracias a lo cual, quedó evidenciado la necesidad de regular los procesos y las actividades en la esfera política y electoral.

La función del compliance consiste en garantizar el respeto a la legalidad; basado en la ética, la integridad, y la transparencia a través de los denominados “programas de cumplimiento”, los cuales exigen varios requisitos entre los cuales destacan, el mapa de riesgos y un canal de denuncias. Aunque en principio la implementación de estos se reducía al ámbito empresarial, hoy ha adquirido una relevancia considerable como mecanismo híbrido entre lo público y lo privado.

En el devenir histórico político-electoral de la República Dominicana, esta se ha enfrentado a fuertes denuncias de una amplia cantidad de delitos, uno de los mayúsculos -quizás-, el “fraude en las urnas” expresado en las modalidades de compra de votos, robo de urnas, modificación de actas y el dislocamiento de electores. Si bien es cierto que, en la actualidad, el sistema electoral dominicano es uno de los más estables en la región, existen ciertos desafíos aún por afrontar.

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La consideración de implementar el compliance electoral ha devenido en una alternativa bien valorada, en virtud de que este viene a suplir, desde la insuficiencia normativa hasta las necesidades y/o carencias que tienen los mecanismos convencionales destinados a la salvaguarda de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, lo cual queda evidenciado tras analizar, los resultados estériles que se tienen al momento de medir la eficacia de los mismos, sin que se experimente un cambio sustancial, que dé garantía a los intereses generales de los ciudadanos, y que contribuya a la solidez y a la robustez del sistema electoral, y a la democracia.

Una de las ventajas que brinda el compliance reside en el monitoreo, control y seguimiento constante, ahorrando tiempo y recursos, y previendo incidentes que pueden resultar cruciales, sino son considerados y atendidos oportunamente.

A diferencia de otros países como España, en República Dominicana no es obligatorio para las instituciones y los actores políticos, implementar estos modelos o programas, pues la figura del compliance no existe en la legislación nacional.

Pero resulta indiscutible que, el “compliance electoral” se abre paso, y representa hoy un mecanismo eficaz para prevenir la comisión de delitos, infracciones y mala praxis en el sistema electoral. El cual, cimentado sobre los pilares de la integridad, la ética y la transparencia, promete resultados satisfactorios que contribuirían al aumento de los niveles de confianza de los electores y la credibilidad de los órganos electorales.