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Leonel Fernández. (Archivo).
El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, opinó este jueves sobre la creación de parte de la ONU de un puente aéreo entre Haití y República Dominicana que garantizará la entrega de ayuda humanitaria, en medio de la aguda crisis y la violencia que sufre el país.
«Para la República Dominicana tiene cierto riesgo, porque puede interprestarse como que interfiere en el tema haitiano. Entonces, compete a las autoridades examinar esa decisión», dijo Fernández.
El también aspirante a la presidencia de la República, plantea su posición a la petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de que República Dominicana detenga las deportaciones forzosas.
Según informó la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh), “a la luz del creciente desafío logístico para viajar dentro y fuera de Haití”, se ha decidido crear este puente aéreo que garantizará “la entrega sin problemas de ayuda humanitaria y servicios de apoyo a Haití y facilitará el movimiento de nuestro personal dentro y fuera del país».
La Binuh asegura que tiene equipos listos para “continuar brindando apoyo al pueblo de Haití”, aunque está reconfigurando su presencia y reubicando a parte del personal reclutado internacionalmente.
“Otro personal humanitario y de crisis llegará al país”, indica a Binuh, que expresa su preocupación por la seguridad de su personal local y explora todas las opciones para su protección, lo que es “una prioridad».
El miércoles, la ONU anunció que reducía desde ese mismo día la presencia de personal no esencial en Haití por la “volátil situación de seguridad”, pero los trabajadores encargados de las “actividades que salvan vidas” seguirán con sus operaciones.
“La ONU no se va a ir de Haití”, resaltó la organización, que se suma así a embajadas y representaciones diplomáticas que han tomado medidas similares en los últimos días ante la escalada de violencia.
Desde el pasado 28 de febrero, la violencia se ha incrementado en Haití a manos de las bandas armadas, que aumentaron sus acciones contra instituciones, empresas y cárceles, de las que huyeron más de 3.000 presos, entre ellos miembros y líderes de pandilllas.
