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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), manifestó su apoyo a los sometimientos por corrupción realizados por el Ministerio Público, en contra de funcionario del pasado gobierno en el marco de la operación Anti-Pulpo.
Miguel Surún Hernández, presidente del gremio, advirtió que la sociedad dominicana no se conforma con que solo los testaferros sean sometidos a la justicia, sino que también los beneficiarios directos del robo del dinero público se les aplique todo el peso de la ley.
Surún Hernández consideró que los dominicanos están cansados de las vacas sagradas, por lo que no se conforman que solo vayan a la cárcel uno que otro pez mediano, es un sentir colectivo, que los cabecillas de esas mafias que se dedican al robo de dinero público, vayan a la cárcel y no a disfrutar de sus lujosas mansiones en prisión domiciliaria.
Demandó a la justicia dominicana aplicar todo el peso de la Ley y que no quede ningún cabo suelto en el sometimiento.
“Con una buena instrumentación del expediente, si se comprueban los hechos denunciados, solicitamos a los jueces aplicar sanciones drásticas a los responsables, para que esto marque un precedente en nuestro país”, expresó el gremialista.
Solicita mayor presupuesto para el MP
En ese mismo orden, el presidente del Colegio de Abogados valoró como positivas las medidas adoptadas por el gobierno central para reforzar la independencia del Ministerio Público, pero demandó más recursos para ese sector.
“Lamentamos el pírrico presupuesto asignado al Ministerio Público, el cual es a todas luces insuficiente para garantizar una efectiva lucha contra la criminalidad”, indicó Surun Hernández.
El presidente del CARD recordó al gobierno la necesidad imperiosa de darle cabal cumplimiento a la Ley de Autonomía Presupuestaria 194-04, que consagra un presupuesto mínimo de un 4.10 % del presupuesto para el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El CARD también mostró preocupación por la influencia que pueda ejercer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en la Administración de Justicia, ya que dicen que tiene estrechos vínculos de dependencia con Gustavo Montalvo, exministro de la presidencia, cuyo personal ocupan cargos administrativos del Poder Judicial.
