La cita cívica del 16 de mayo no se reduce a una simple consulta para cambiar un gobierno o reelegirlo; se trata de aprobar o reprobar políticas que han conducido a la crisis financiera más grave en la historia de la República y más que nada a elegir el candidato con las mayores potencialidades para enfrentarla o con las mayores desventajas como para empeorarla.

De la magnitud de la crisis no hay dudas, con un Banco Central emitiendo 3 mil millones de pesos mensuales de inorgánicos para pagar los intereses de RD$74 mil millones en certificados(al 25 de marzo)un sistema eléctrico con deudas superiores a los RD$18 mil millones, recaudaciones a la baja y apagones en alza, más la carga de la deuda externa y el aumento del pasivo social, representan para las próximas autoridades un rompe-cabezas que solo podrá ser armado por un gobierno con amplio respaldo obtenido en elecciones incuestionables, pero además con un programa de amplio consenso que incorpore al gran esfuerzo de la reconstrucción a todos los sectores nacionales.

Los certificados de participación del Banco Central sirvieron inicialmente para contener la hemorragia monetaria producida por le rescate de todos los depositantes de Baninter y el auxilio a Bancredito y el Mercantil; pero el servicio de los intereses y la redención del principal opera como un mecanismo autónomo generador de emisiones inorgánicas. La tarea de desmontar estos certificados, premisa fundamental para garantizar la estabilidad cambiaria, demandará del diseño de una arquitectura financiera capaz de reducirlos sin cargar los costos sobre un sector especifico. No es accidental que figuras importantes del pensamiento económico local hayan aportado interesantes alternativas. Unos sustituyendo esos pasivos en pesos por un financiamiento externo en dólares, otros plantean traspasarlos al sector bancario privado aumentando el encaje simultáneamente, también es interesante la propuesta de emitir bonos de deuda publica a menores tasas y períodos medios de vencimiento, hasta la formula del FMI que contempla ese desmonte por la vía de obtener grandes superávit presupuestarios y ventas de activos en un lapso de tres a cinco años.

Cualquiera de las opciones para extirpar el cáncer de los certificados del BC, o reducirlos a un nivel que el gobierno pueda asumir el pago de los intereses, equivale a una carga sobre la banca, los propios tenedores de certificados o los contribuyentes de ahora o de los próximos años.

Los certificados por si solos representan una extraordinaria limitación en los grados de libertad para una futura administración, agréguese a ello la crisis del sistema energético agravado con deudas millonarias en dólares, ingresos a la baja, plantas ineficientes y otras en camino acelerado al desuso por anacronismo. Se trata de un sistema en donde más del 50% de los usuarios no paga el servicio, otro 25% subvalúa la factura mediante el fraude, mientras el 25% o menos, entre ellos buena parte del aparato productivo, paga la tarifa más alta del mundo y además debe mantener un sistema de emergencia paralelo en prevención de los apagones.

Todos los caminos, lo dice la carta de intención al FMI del 23 de enero, conducen a una reprivatización de las distribuidoras, pero para llegar a ese estadio serán necesarios nuevos ajustes en las tarifas, mayor eficiencia del sistema, recuperaciones de efectivo y la regularización de todos los atrasos. Esta recuperación demandará de mucha disciplina en la conducción de la CDEE, cumplimiento estricto de las recomendaciones del Banco Mundial y una inteligente renegociación de todos los contratos con los generadores.

La reforma a largo plazo del sector eléctrico, pero con mejorías visibles a mediano plazo para que no se apague temprano la estrella del nuevo gobierno, coincidirá con altos precios petroleros y extraordinarias limitaciones del país para acceder a créditos externos.

Y ese es el tercer palo para el próximo gobierno, no contar con la holgura en la financiamiento externo como el disfrutado, y también derrochado por el presente, al cual le cabe la responsabilidad de elevar la deuda externa desde el 19% del PIB en el 2000 hasta el 35.5% en el 2004 gracias a la contratación alegre de cuanto financiamiento fuese ofertado, incluyendo la dilapidación de US$1,100 millones de dólares en bonos soberanos, causantes de una modificación perniciosa en el perfil de los compromisos externos, ya que la deuda privada aumentó del 19% al 37% de la deuda total en apenas tres años. No es accidental que el acuerdo con el FMI plantea reducir la deuda publica consolidada desde el 57% del PIB en este año a 40% del PIB en el 2008.

Para enfrentar con mediano éxito este legado, el próximo gobierno deberá surgir de la expresión mayoritaria en comicios ejemplares, sin dudas, preferentemente sin alianzas acomodaticias de una segunda vuelta unificadora de grupos que individualmente carecen de la mayoría. Ese respaldo popular, sinónimo de confianza, podría inicialmente contribuir a torcer las expectativas devaluatorias e incluso cambiar el signo del flujo de los capitales, pero esa confianza podría derrocharse en pocos meses si para enfrentar todas las crisis no se cuenta con un ejecutivo dotado d prudencia, capacidad de persuasión, inteligencia, un buen equipo de colaboradores y una visión global del país y su futuro.