La atención del público se ha concentrado en las pruebas de arranque de las dos plantas de carbón de Punta Catalina. Ese es el necesario aspecto técnico, pero hay muchas cosas por hacer en el lado jurídico, contable y administrativo.
Hasta ahora las plantas están siendo construidas para la CDEEE por un consorcio encabezado por la célebre Odebrecht. Pero algún día, esperamos que sea pronto, esa construcción y las pruebas terminarán y el consorcio entregará las plantas. Pero antes que eso ocurra el Estado tiene que constituir una compañía comercial que sea dueña del proyecto, asumiendo para sí los aportes del Estado efectuados por el Ministerio de Hacienda, los préstamos tomados por ese ministerio en Europa y también la contingencia implícita en un arbitraje ya en camino.
Luego los estados financieros de la nueva compañía tienen que ser certificados por una firma independiente de prestigio internacional. Aunque eso suena normal, resulta ser que ni la CDEEE, ni ninguna de las tres Edes cuentan con estados financieros auditados. Y no son auditados para que no se hagan evidentes las irregularidades y la corrupción. El Banco de Reservas y la Refinería de Petróleo son las únicas empresas estatales con estados auditados.
En tercer lugar, se tiene que determinar quién va a administrar las plantas. La comisión del sector privado nombrada por el presidente Medina y que encabezó Monseñor Agripino Núñez Collado recomendó que, temporalmente, esa administración fuese entregada a una empresa internacional de prestigio y con experiencia administrando plantas de carbón. Recomendaron temporalmente porque se presume que el Estado licitará la venta de las acciones (un 50% o la totalidad) de la nueva empresa a un grupo no vinculado actualmente ni a la generación ni a la distribución de energía en el país. Para ese fin y para preparar las bases de la licitación, el Ministerio de Hacienda anunció hace un tiempo que había contratado a una empresa canadiense, pero pasa el tiempo y no hay nuevas noticias al respecto.
Sería terrible que una planta tan complicada técnicamente sea administrada por “compañeritos”. En la dirección al más alto nivel de la Refinería de Petróleo y de la CDEEE están dos miembros del Comité Político del PLD. En las Edes uno de los administradores es pariente del presidente Medina. Cuando la Shell administraba la Refinería contaba con 700 empleados, pero una vez devino estatal, y con el mismo nivel de producción, cuenta ahora con el doble. En las tres distribuidoras también hay exceso de personal y aun así dejan de cobrar un 25% de la energía que venden. FOMPER, organismo estatal que recibe los dividendos de las generadoras de electricidad ITABO y EgeHaina, donde el Estado es accionista, también cuenta con un político a la cabeza. Si el gobierno coloca “botellas” en las Catalinas, después tener que liquidarlas deviene en una complicación, incluyendo potenciales huelgas. Sería muy peligroso que políticos sean los que manejen los contratos de “fronting” de seguros y la compra de carbón. Hasta ahora tan solo se ha comprado carbón en pequeñas cantidades para la etapa de las pruebas. Por cierto, las dos plantas privadas antes citadas también importan carbón, por lo que sería útil no solo comparar precios, sino ver si los embarques pueden ser combinados para así reducir el costo del flete, siempre que se trate de un mismo origen. Un ejemplo de compras mal hechas es el reciente concurso público “de urgencia” para adquirir 20,000 toneladas de cal y que exigió solo seis días para cotizar, cuando desde que se inició la obra se sabía que se iba a necesitar cal.
También habría que confirmar que las actuales reglas bajo las cuales se determina la fórmula de precios a la que venden los generadores también se aplicarán a las dos Catalinas. Entonces y solo entonces se podrán hacer proyecciones sobre las utilidades que tendrían las nuevas plantas y solo en base a eso es que se podría determinar cuál sería el precio de venta de sus acciones.
Sería también entonces cuando se sabría, debido a que las tres distribuidoras no cobran el 25% de sus ventas, si el Ministerio de Hacienda tendría que seguir subsidiando al sector eléctrico.