La Fiscalía de Santiago acusa a varios empleados del Poder Judicial de integrar una supuesta red que se dedicaba a falsificar resoluciones, contratos de fianzas y otros documentos judiciales, para lograr la libertad de imputados en casos penales que se desarrollan en los tribunales de esa ciudad.

«Esta red se prestaba para mediante el cobro de altas sumas de dinero y a sabiendas de que se trataba de un proceso ilegal, procurar la libertad del imputado, falsificar documentos, incluyendo una sentencia y un contrato de fianza» establece el Ministerio Público en la solicitud de coerción contra los involucrados.

Indicó que la investigación, aún en curso, develó que parte de los implicados, valiéndose de su relación laboral, violaron los protocolos establecidos por el Poder Judicial, para tramitar solicitudes y depósitos de documentos judiciales falsos, y así lograr libertades irregulares de personas con imputaciones graves, “lo que constituye un agravio y vulneración al sistema de justicia dominicano que amerita de una ejemplar sanción”.

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¿A quiénes favorecían?

Según el órgano persecutor, «con la acción criminal», los acusados favorecían sobre todo, a imputados por tráfico de armas de fuego, narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos, entre otros hechos graves.

¿Quiénes son los imputados en «red»?

Los apresados por el casos son Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Vázquez Pichardo, además, en contra de Ariel Antonio Bencosme Reyes, Eddy Alberto Franco y Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, quienes enfrentan cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano.

En la solicitud de medidas de coerción, el MP plantea que el imputado por delitos de estafa a través del cibercrimen, Jonathan Francisco Vásquez Ventura, quien guarda prisión preventiva, por la Operación Discovery, así como su padre el imputado Vásquez Pichardo, se asociaron con los demás miembros de esta red criminal.

El Ministerio Público establece que los imputados incurrieron en la violación de los tipos penales en los artículos 265, 266, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código Penal Dominicano, los cuales contemplan sanciones por los delitos de falsificación y alteración de documentos oficiales, por lo que, el Poder Judicial procedió a la suspensión de los mismos por los hechos en que incurrieron.

Ver: Poder Judicial suspende colaboradores en Santiago por supuestas faltas graves