El Ministerio Público informó este jueves que apelará las medidas de coerción que le impuso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente al ex pelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, y a otros tres acusados de pertenecer a la red que presuntamente dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta (César El Abusador).

El tribunal, luego de acoger parcialmente la solicitud de medidas de coerción hecha por el Ministerio Público, declaró el caso complejo y le impuso prisión preventiva de tres meses en la Penitenciaría Nacional de La Victoria a José Bernabé Quiterio, en tanto que al ex pelotero Dotel, una garantía económica de RD$1 millón, presentación periódica e impedimento de salida del país, y a Obispo Féliz Lorenzo y a Roberto José Cáceres una garantía económica de RD$500 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Señaló que dichos imputados fueron sometidos a la justicia por la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, por alegadamente incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.

Explicó que esos delitos están tipificados y son sancionados por los artículos 60, 99 y 100 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y el artículo 3 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 66 y 70 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Mediante un comunicado de prensa, la institución señaló que no está de acuerdo con la decisión del tribunal y que una vez le sea notificada procederá a su apelación «porque no se ajusta a la ley y porque hubo una valoración errónea de las diferentes evidencias presentadas por el Ministerio Público en contra de los encartados».

El Ministerio Público indicó en ese orden que en el transcurso de las pesquisas de este caso que lleva cabo junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha obtenido evidencias que vinculan al grupo con la red criminal y que fueron presentadas al tribunal, por lo que afirmó que la medida que debió imponerse en este caso «es la establecida en el numeral 7mo. del artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano, consistente en prisión preventiva».

Precisó que el Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo y que se impongan 18 meses de prisión preventiva a cada uno de los implicados «por la gravedad de los hechos y la pluralidad de imputados, para poder realizar una exhaustiva investigación que permita establecer la identidad de todos los involucrados, localizarlos y arrestarlos para ponerlos a disposición de la justicia».

El comunicado destaca que el Ministerio Público seguirá trabajando para juzgar y procurar sanción contra todo el que tenga algún vínculo con la desmantelada red criminal.