La Unión Europea ha eliminado una pesada carga de incertidumbre para exportadores de la República Dominicana y de otros países latinoamericanos cuyos productos estaban sujetos a la exigencia de una certificación que demostrara que su cultivo no estaba asociado a la deforestación, al país haber sido incluido en la categoría de alto riesgo.

En el país, la mayor preocupación respecto a la aplicación de estas normas más estrictas —aprobadas por la UE en 2023— la tenían los exportadores de cacao, aunque el alcance de la regulación era más amplio e impactaba también productos como café, soja, carne, madera y aceite de palma.

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Las normas obligaban a las empresas que deseen importar estas materias primas a la UE a demostrar, mediante un sistema de geolocalización, que su producción no ha generado deforestación ni degradación de bosques después del 31 de diciembre de 2020, a fin de evitar sanciones. Los beneficios de esta nueva decisión comienzan con la eliminación de obstáculos para el acceso de estos productos al mercado europeo, lo que también implica una reducción de cargas burocráticas y costos para los exportadores dominicanos.

Además, esta rectificación coloca a los productos dominicanos en una posición competitiva frente a aquellos que siguen clasificados como de alto riesgo, una lista que ahora se reduce a Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania.

Y, lo que es más importante, devuelve la confianza a los productores dominicanos al asegurarles la continuidad del acceso a este mercado en el futuro.

S in embargo, la decisión de la UE no ha sido producto de la generosidad. Fue el resultado de intensas presiones por parte de algunas industrias, partidos políticos y países como Brasil, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Es decir, el problema no solo debía ser motivo de preocupación para nuestras exportaciones, sino también para la industria y la población europeas, que en los últimos años han observado una pérdida en el rendimiento de los cultivos latinoamericanos de los que dependen. Si, además, se imponen medidas tan restrictivas como las que se proponían, podría generarse una situación en la que se vea amenazado el suministro de materias primas esenciales para la elaboración de productos de gran consumo, afectando tanto la oferta global como los precios.

Cabe la posibilidad de que los reguladores también hayan sido impulsados por un sentimiento de remordimiento al cambiar de rumbo. Si ponemos en la balanza la incidencia de la deforestación y de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero en el calentamiento global, estas últimas tienen un impacto mayor. Si bien es cierto que la deforestación puede tener efectos devastadores en el rendimiento agrícola local, a mediano y largo plazo, a escala regional o continental, el cambio climático global está resultando aún más determinante al alterar las bases ecológicas de la producción agrícola en todo el continente.

Esto significa que, si el mercado europeo se atribuye el derecho de restringir unilateralmente la entrada de productos asociados a la deforestación, la República Dominicana y los demás países de Latinoamérica podrían, en la misma lógica, asumir la autoridad de hacer lo propio con los productos provenientes de Europa.