JOSÉ MANUEL GUZMÁN IBARRA
El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como misión suministrar préstamos a los países con problemas de balanza de pagos. Esta asistencia financiera busca restablecer las reservas internacionales, estabilizar la moneda, seguir pagando sus importaciones y restablecer las condiciones para un firme crecimiento económico.

A diferencia de los bancos de desarrollo, el FMI no financia proyectos específicos ni interviene en las decisiones de política económica de los países. Sabiendo eso ¿es necesario otro acuerdo Stand by?

Nuestro país logró la estabilidad económica. Las reservas internacionales están en cifras récord. Nuestra balanza de pagos no tiene desequilibrios. Nuestra moneda está estable. No tenemos problemas para pagar nuestras importaciones y el crecimiento económico de los últimos tres años ha sido consistente. Esos logros económicos han sido reconocidos por el organismo multilateral en cada revisión trimestral realizada por tres años. No parece necesario otro acuerdo.

El éxito económico es el resultado de una política económica eficiente que empezó con el rescate de la confianza los actores económicos. La economía se recuperó de la peor crisis económica en los últimos 30 años porque se aplicaron responsablemente las medidas que las circunstancias exigían. Este mismo equipo económico, en el 1996, había demostrado eficiencia en alcanzar el objetivo de la estabilidad macroeconómica.

En el gobierno anterior, por dos ocasiones los acuerdos con el FMI resultaron en fracasos. A pesar de la responsabilidad directa en la crisis, quienes hoy son de la oposición, apuestan con malos augurios a la pérdida de la confianza y buscan con sus críticas, a pesar de la evidencia en contrario, destacar los costos que conlleva los efectos de la recuperación económica antes que sus beneficios.

Esas voces son las mismas que empujaron a Hipólito Mejía a la estatización de las empresas de distribución eléctrica, sin considerar el efecto sobre las metas establecidas entonces con el FMI y que significaron una debacle cambiaria. Ellos son los mismos que en su momento endeudaron al país para pagar deudas atrasadas o para pavimentar calles, a pesar de las altas tasas que se pagaba por ese dinero y sin mejorar, al hacerlo, la estructura de nuestros pasivos internacionales. Son los mismos, en definitiva, que fueron creando las bases de la crisis.

La pregunta clave no es si debemos firmar un nuevo acuerdo con el FMI. La pregunta es ¿se puede tener estabilidad macroeconómica sin firmar un acuerdo Stand by? Viendo el desempeño de las estadísticas oficiales y las propias opiniones del organismo multilateral en relación a los acuerdos firmados la conclusión es que el país no necesita de la asistencia financiera del FMI para mantener la estabilidad macroeconómica. Y si hubiera falta de voluntad política, como en el gobierno pasado, ni un acuerdo con el FMI detiene la indisciplina fiscal.

El FMI contempla acuerdos de corto plazo, como los Stand by, y de más largo plazo, como los servicios ampliados. En el caso de nuestro país, con acuerdos Stand by en los últimos tres años, se llegó a alcanzar todas las metas de estabilización, al tiempo que se han alcanzado metas más estructurales. Es evidente que el país ya no necesita una supervisión trimestral, y es evidente también que las reformas más estructurales, propias de otro tipo de acuerdos, se han venido implementando desde por lo menos el 2006, cuando todo el gabinete económico fue modificado en sus estructuras por un nuevo y más estricto marco legal.

Si la oposición, al pedir un nuevo acuerdo Stand by lo que quiere es limitar al gobierno en su legítimo derecho de buscar la reelección, estarían admitiendo objetivos partidistas, sin mayor legitimidad. Además, estarían dando al FMI una potestad que no tiene. Hay evidencias suficientes para pensar que los actores económicos, incluso a nivel internacional, necesitan de un nuevo acuerdo para confiar en el país.

Luce más prudente para el buen desempeño económico separar la necesidad de un nuevo acuerdo con el FMI por razones exclusivamente electorales de la racionalidad económica. El reto por venir, que está básicamente en convertir el crecimiento económico en bienestar general, puede lograrse sin poner en riesgo la estabilidad. Si fuera necesario un acuerdo de más largo plazo, éste debe estar acompañado de esfuerzos serios para alcanzar metas de desarrollo y ya no estabilidad, y eso aconseja un compromiso de todos los candidatos y fuerzas políticas para ejecutarse en el nuevo período de gobierno. ¿O lo que hay en el Fondo no es una genuina preocupación por el desarrollo?