Con motivo de la muerte del ex presidente Salvador Jorge Blanco se escribió bastante sobre su difícil gestión económica y la poblada de abril de 1984. Es sorprendente cómo ese análisis se efectuó sin vincularlo al momento financiero que se estaba viviendo en toda América Latina, incluyendo la República Dominicana.

Así como es injusto analizar la gestión económica de Rodríguez Zapatero en España con un desempleo de un 20%, sin hacer referencia a la actual crisis económica mundial, o los primeros años de Franklin Delano Roosevelt sin hacer mención a la gran depresión mundial que se inició en 1929, también es injusto analizar la política monetaria y cambiaria de Jorge Blanco sin hacer referencia a la gran crisis financiera de América latina y a la llamada década perdida que se inició con el anuncio de México, apenas dos días después de juramentarse Jorge Blanco, de su incapacidad de pagar su deuda externa, lo que paralizó el financiamiento bancario a la región. En el caso dominicano eso coincidió, además, con el peor deterioro en sus términos de intercambio desde 1930.

Entre 1928 y 1930 el valor de las exportaciones dominicanas se redujo en un extraordinario 35%. Entre 1981 y 1982 también se redujo en un 35%, pero también coincidiendo con un fuerte aumento del valor de las importaciones, debido a los altos precios del petróleo.

Los que critican el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1983 no toman en cuenta que desde enero de ese año dieciséis países de la región se vieron obligados a firmar acuerdos con ese organismo, incluyendo Argentina, Brasil, Chile y México.

Durante el cuatrienio 1982-1985, el incremento promedio en el costo de la vida en nuestro país, debido en gran parte a la devaluación, promedió un 8.8%, muy inferior a esa misma cifra para trece países de la región incluyendo Colombia, Chile, México, Brasil, Argentina y Perú.

La crisis regional fue muy severa pero aun así la República Dominicana pudo crecer, en términos reales, entre 1982 y 1985 a un promedio de 5.6% anual, superando en la región a Brasil, Colombia, Guatemala, Ecuador, Bahamas y Belice.

Devaluaciones superiores a la dominicana entre 1982 y 1985 tuvieron lugar en Chile, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Perú y Bolivia.

El sistema cambiario. El Gobierno de Jorge Blanco heredó un régimen cambio realmente insostenible.

Con el decreto de 1967 de Joaquín Balaguer creando los dólares libres se estableció un doble tipo de cambio.

El Banco Central vendía divisas a la paridad oficial de un dólar por un peso establecida en 1947, pero para ciertos rubros solamente, los que a través de los años se fueron reduciendo.

Para el resto había que importar con dólares propios. Eso hizo que la prima sobre la paridad oficial pasase de un 1.12 en 1969 a 1.46 en agosto de 1982.

Durante el año anterior, bajo el Gobierno de Antonio Guzmán, ante el creciente deterioro de la balanza de pagos se establecieron cuotas de asignación de divisas para materias primas industriales, otorgándosele una cuota a cada industria basada en sus niveles de importación de años anteriores. Eso efectivamente congelaba la competitividad, así como la posibilidad de que nuevas industrias pudiesen establecerse.

Los exportadores, por su lado, se veían obligados a entregar sus divisas a la paridad oficial, lo que había provocado, por falta de estímulo, que durante las dos décadas previas las exportaciones de azúcar, café, cacao y tabaco se mantuviesen estancadas.

Jorge Blanco también heredó una deuda de corto plazo del Banco Central con bancos extranjeros que vencía en noviembre de 1982 y que permitía abrir cartas de crédito.

Como la crisis paralizó todas las líneas de crédito de la banca privada a la región, pronto se hizo evidente que esa deuda tan sólo podría renegociarse bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Devaluar por la vía oficial era políticamente imposible, ya que la Constitución misma establecía la paridad de un dólar por un peso, por lo que sólo podía hacerse a través del mercado.

Consecuentemente se optó por ir estrechando, por etapas, el radio de acción de la paridad oficial, tanto por el lado de las exportaciones, para estimularlas, como por el lado de la importaciones, hasta llegar al momento en que todos los ingresos y pagos operasen en el mercado libre, tal y como ocurrió con la unificación cambiaria a los veintiocho meses de iniciado su Gobierno.

Entre agosto de 1982 y septiembre de 1983 esos traspasos se hicieron sin aumentar mucho la prima, la cual pasó de 1.46 a 1.55, es decir sólo un 5 por ciento durante un año. Sin embargo, a partir de octubre de 1983 la prima comenzó a experimentar una fuerte tendencia ascendente, llegando a 1.69 en noviembre. La causa fue que se había perdido el control del gasto público creándose fuertes sobregiros en las cuentas del Gobierno en el Banco de Reservas, lo que aumentaba el circulante.

Hacia finales de diciembre el sobregiro se hizo todavía más grande debido al pago de la regalía pascual y el tipo de cambio en enero llegó a 1.94 pesos por dólar. Ya era público que no se había llegado a un acuerdo para el segundo año con el FMI y los norteamericanos, para presionar hacia ese fin, paralizaron los desembolsos de su ayuda.

Ya en enero de 1984 tan sólo se entregaban divisas a la paridad oficial para el petróleo, los agroquímicos, el papel de periódico, las medicinas, el trigo y la comida importada. También se decidió oficializar la flotación del valor de la moneda.

La política monetaria establecida por el Gobierno de Jorge Blanco, de un solo valor para la moneda y que ésta fluctuase libremente en el mercado ha sido adoptada por todos los gobiernos que le sucedieron y se mantiene hoy día, veintiséis años después.

Es su gran herencia histórica, junto con la eliminación del tope a las tasas de interés que existía desde los tiempos de la ocupación militar norteamericana, así como su política de estimular las zonas francas y el turismo, a través de créditos, pero sobre todo por los efectos mismos de la devaluación. Fue a partir de su Gobierno que esos dos rubros tomaron importancia.

Después de haber laborado durante trece años en el Banco Central, quien esto escribe fue nombrado Gobernador de esa institución por el Presidente Jorge Blanco, coincidiendo con su toma de posesión y hasta mayo de 1984. Aún cuando el pasar de un sistema de doble tipo de cambio hacia el objetivo de una tasa única y fluctuante, todo logrado dentro de las grandes limitaciones que afectaron en esos días a toda América Latina, nos representó un alto costo en cuanto a popularidad e incomprensión, sobre todo dentro del propio partido en el poder, nunca hemos dejado de pensar que lo que se hizo fue lo correcto, como lo ha demostrado el hecho de que desde entonces se mantiene esa misma política cambiaria, sin haber regresado a tipos de cambio fijos, o a un régimen de cambios múltiples. Otros que participaron en esa labor, como Hugo Guiliani, estoy seguro piensan igual.

Visita de Estado a Washington. Desde el momento en que Jorge Blanco fue electo presidente, quien esto escribe informó al Gobierno norteamericano que aunque ambos países mantenían relaciones diplomáticas desde hacía más de cien años, la República Dominicana era el único país latinoamericano que nunca había recibido una invitación para una visita oficial a Washington.

Esa referencia histórica, más otras importantes consideraciones, dieron lugar a una invitación para un viaje que duró del 9 al 14 de abril de 1984. Un objetivo básico del mismo fue obtener un préstamo grande del Gobierno estadounidense para utilizar los recursos para subsidiar los alimentos básicos y así evitar aumentos de precios, ya que estos se tendrían que pasar al mercado libre de divisas, por lo que era inminente el aumento de sus precios, los cuales en aquel entonces estaban sujetos a controles de precios.

Sin embargo, la cantidad de dinero que el día 11 prometió el Presidente Reagan a Jorge Blanco fue muy reducida, lo que implicó que no habría recursos con qué subsidiar la comida, tal y como luego ocurriría con los subsidios a la tarifa eléctrica y al gasoil en la década de los años noventa.

Diecinueve días antes de los disturbios, portavoces del PRD habían acusado públicamente a los reformistas de estar conspirando para crear violencia aprovechando la situación. El 8 de abril, el día previo a la salida del presidente Jorge Blanco hacia Washington, el director de Ultima Hora, Aníbal de Castro, declaró que era evidente que el conjunto de movilizaciones y protestas alegadamente contra el hambre y el FMI tienen una clara finalidad política.

Hizo un llamado a las agrupaciones políticas y sindicales para que se abstengan de seguir provocando tales acciones. Pero no le hicieron caso.

El partido de Gobierno estaba dividido. Jacobo Majluta, presidente del Senado, dijo que Jorge Blanco cometería un gravísimo error si firmaba de nuevo con el Fondo Moneario Internacional, pues eso provocaría serias explotaciones populares. Algunos líderes empresariales se oponían públicamente a la firma.

La cifra

24.4% subió el costo de la vida durante 1984, año de la poblada. Sin embargo, en 1985, con motivo del traspaso del petróleo al mercado libre y la unificación cambiaria, la inflación fue de un 35% y no hubo violencia. En el 2003, cuando la crisis bancaria, el costo de la vida subió un 43% y no hubo violencia.

El lunes 23 se iniciaron los disturbios

La poblada. Jorge Blanco y su comitiva regresaron al país el 14, y el jueves 19, en medio de la Semana Santa, se anunciaron los incrementos de los precios del azúcar, el aceite de soya, la leche evaporada y en polvo y la harina de maíz. Existían recursos para congelar los precios del pollo, las pastas, el arroz y los huevos.

El lunes 23 se iniciaron los disturbios. La Policía no pudo contenerlos, se apeló al Ejército, el cual en muchas ocasiones disparó a matar. El Gobierno acusó al Partido Reformista de haber estado tras la protesta. José Francisco Peña Gómez lo acusó públicamente por los disturbios y Jorge Blanco, en un discurso, señaló a sectores reformistas ligados a ex militares. Peña Gómez mostró a un amigo mutuo las grabaciones de conversaciones telefónicas entre un líder reformista y altos oficiales del Ejército urgiéndoles tirar a matar. Según la prensa de la época murieron más de cincuenta personas.

Durante 1984, año de la poblada, el costo de la vida subió un 24.4%. Sin embargo, en 1985, con motivo del traspaso del petróleo al mercado libre y la unificación cambiaria, la inflación fue de un 35% y no hubo violencia. En el 2003, cuando la crisis bancaria, el costo de la vida subió un 43% y no hubo violencia.

En un reciente artículo en el Financial Times titulado La zona del euro puede aprender de las horrendas lecciones latinoamericanas, se enfatiza lo mal que Estados Unidos y el FMI manejaron la década perdida latinoamericana de los ochenta. Dice: En 1982 se decidió que la respuesta inicial a la crisis de la deuda latinoamericana era el crecimiento económico, lo que eventualmente permitiría a los países pagar su deuda. Tomó varios años para que se dieran cuenta que el deflacionar salarios y reducir las economías eran inconsistentes con el poder repagar la deuda totalmente. Lo que al principio lucía ser un problema de liquidez era un asunto de solvencia, como se hizo evidente cuando Brasil anunció que dejaría de pagar intereses en 1987. La respuesta, consecuentemente, era condonar la deuda, pero eso no tuvo lugar hasta 1989, bajo el plan Brady Si la experiencia de América Latina se mantiene como verdad, la crisis de la eurozona todavía tiene años de perduración. Termina sugiriendo un plan Brady para las economías europeas con problemas de deuda.

Durante el cuatrienio 1982-1985 el incremento promedio en el costo de la vida en nuestro país, debido en gran parte a la devaluación, promedió un 8.8%, muy inferior a esa misma cifra para trece países de la región

El autor es economista y ex gobernador del Banco Central