Empecemos por asimilar que la Constitución de la República en su artículo 54, sobre la Seguridad Alimentaria, expresa que “El Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria”.

De ahí que es necesario aplicar una política integral de Estado, protectora de todos los entes que interactúan en la agropecuaria, garantizando las acciones correspondientes al sector público, estimulando a productores, profesionales y consumidores; en consecuencia, reduciendo las importaciones y abriendo nuevos mercados externos.

Para esto, la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), como guía para actualizarnos a estos tiempos y los restos de la Nación, induce a una Ley General del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural. De manera textual, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) instruye que se garantice:

a) “Impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico… para mejorar los procesos de producción, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios y forestales y difundir ampliamente sus resultados mediante un eficiente sistema de extensión agrícola”, de acuerdo al Objetivo General (numeral 3.5) sobre la “Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local “.

b) “Impulsar, mediante la difusión de las mejores prácticas de cultivo, el incremento de la productividad y la oferta en los rubros agropecuarios con mayor aporte a la seguridad alimentaria y a la adecuada nutrición de la población dominicana” (numeral 3.5.3.15).

c) “Desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización, tecnificación y manejo de riesgos de las unidades de producción agropecuaria y forestal, con normativas y mecanismos que den respuesta a las necesidades del sector y que aseguren el acceso, individual o colectivo, de las y los pequeños y medianos productores”, (numeral 3.5.3.7).

d) “Promover recursos, medios y asistencia para la modernización y conservación de la infraestructura de riego, a fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola”, (Objetivo General 4.1, numeral 4.1.4.7).

e) “Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que contribuyan a adaptar las especies forestales y agrícolas a los efectos del cambio climático”, (numeral 4.3.1.3, del cambio climático).

f) “Apoyar la agricultura familiar como medio para contribuir a la reducción de la pobreza rural y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural” (numeral 2.4.2.4).

g) “Desarrollar un sistema de apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios y forestales en los principales mercados de destino, que provea información y capacitación, sobre sus requerimientos y brinde protección frente a malas prácticas”, (numeral 3.5.3.11), para alcanzar la competitividad.

h) “Fortalecer y facilitar el acceso a los sistemas de información e inteligencia de mercado de los productos agropecuarios y forestales, a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y su apropiada difusión entre productores y organizaciones agropecuarias”, (numeral 3.5.3.5).

i) “Establecer un sistema funcional de registro y titulación de la propiedad que garantice la seguridad jurídica de la propiedad en el medio rural” y Garantía de la propiedad, (numeral 3.5.3.13).

j) “Brindar oportunidades de tenencia de tierra a jóvenes y mujeres y agilizar el proceso de titulación de las tierras a los y las beneficiarias de la Reforma Agraria, a fin de facilitar el acceso al crédito y a la inversión necesaria para la producción sostenible”, (numeral 3.5.3.14).

k) “Incentivar la creación de agroindustrias locales para agregar valor a la producción primaria”, A fin de elevar el valor de la producción (numeral 3.5.3.16).

Estos postulados, consensuados en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que derivan de la Constitución, son parte del Proyecto de Ley Orgánica (Ley General del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural) que presentamos en el Senado y que perimió en dos ocasiones.

Ojalá el Congreso Nacional se aboque a discutirlo y a contribuir con el impulso legal y de acción que necesita la agricultura dominicana.