En su bien redactado y mejor pronunciado discurso del martes pasado, el Presidente Danilo Medina planteó los objetivos principales de su programa de gobierno para el nuevo cuatrienio: continuar enfatizando inversiones sociales como la educación, ahora concentrándose en educar maestros para escuelas ya construidas, seguridad social, microcrédito, salud y más subsidios sociales. También citó algunos importantes proyectos de infraestructura física.
Lo que no dijo es de dónde saldrán los fondos para esas grandes inversiones. Seguramente tendrá que decirlo al someter al Congreso en los próximos meses el presupuesto del año que viene, o al enviar un presupuesto complementario dentro de pocos días, pues las finanzas probablemente no podrán esperar hasta enero. Como no habló de austeridad en la reducción del gasto corriente, a pesar de los enormes excedentes en la nómina, de allí no vendrán esos recursos. Sí citó dos fuentes. Primero, gravar más a los ricos, reduciendo los actuales incentivos tributarios, lo que presumiblemente ya decidió hacer fuera de un pacto fiscal con el sector privado que hubiese incluido ajustes en los gastos y, segundo, logrando que se pague la electricidad. Proyectó que la proporción de las ventas de la luz no cobradas se reducirá del actual 31% a un optimista 15%.
Pero, si leemos su discurso de hace cuatro años notaremos que dijo lo mismo, al prometer reducirla de 33% a 25%, pero la realidad es que en cuatro años solo ha bajado dos puntos porcentuales. Pero esa fuerte y prometida reducción no se logrará mientras los políticos manejen las distribuidoras de electricidad, pues lo que les interesa es ser simpáticos, ofreciendo 24 horas de luz en un 60% de circuitos, páguenla o no. Se requeriría privatizar algunas o todas las distribuidoras para lograr esa reducción. En la zona de Punta Cana la gente cumple muy bien, pues el distribuidor es privado y pagan hasta donde no hay turismo, como en Boca de Yuma. Una posible fuente de ingresos sería aumentando la tarifa eléctrica, reduciendo el actual subsidio, pero está por verse si existe la voluntad política para eso.
Tampoco mencionó que para terminar las plantas de carbón de Catalina la Grande, en los próximos dos años tendrá que aportar 2,000 millones de dólares (US$2,000 “billones”), una suma altísima, sobre todo si se expresa como proporción del presupuesto actual.
Luciría, pues, que aún cuando los precios del petróleo y del oro se mantengan en los buenos niveles actuales, la única forma de financiar esos programas sería manteniendo, por doceavo año consecutivo, un fuerte déficit presupuestal, financiado tanto con endeudamiento interno (bonos del Estado adquiridos principalmente por nuestros bancos y por nuestros fondos de pensiones), como también a través de más bonos soberanos adquiridos en un exterior que todavía mantiene apetito por ellos.
Muchos esperábamos que pusiera mayor énfasis en los aspectos políticos, como someter formalmente una nueva Ley de Partidos que realmente fuese democrática y que se empeñará en que en la composición de las nuevas cortes se incluyan elementos apolíticos, incluyendo la Junta Central Electoral.
Aunque es cierto que citó su compromiso con la lucha contra la corrupción, el traslado de Francisco Domínguez Brito al Ministerio de Medio Ambiente, indudablemente ayuda a mejorar el medio ambiente, pero luce que su sucesor no tendrá el mismo interés en identificar elementos corruptos dentro de la administración pública. Andrés Navarro también indudablemente aportará mucho para mejorar nuestra educación, pero el gobierno ha entregado la administración de la política externa a un partido minoritario, como pago por haber aportado el 5% de los votos en las elecciones pasadas, el cual tratará de llenar la cancillería con compañeros de ese partido, cuando Navarro había buscado profesionalizar la diplomacia dominicana.
Durante los próximos cuatro años se sentirá con mucha fuerza el efecto negativo de la desprotección a la agricultura dominicana, principalmente al arroz y los frijoles, resultante de la continua, inminente y muy predecible (desde hace 10 años) reducción arancelaria resultante de los compromisos bajo el DR-CAFTA. México desde que firmó el NAFTA tomó medidas para proteger a sus productores, principalmente a los de maíz. Era el momento del Presidente anunciar lo que haría para ayudar a nuestros campesinos. No lo hizo.