Lo que nunca se ha hecho

Claudio Acosta

¿Cuántas clínicas o centros de salud privados han sido sancionados por “rebotar” pacientes en estado crítico, una práctica común   responsable de sabrá Dios cuántas muertes que pudieron haberse evitado? Pregunto porque, según la Ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, la ley es muy clara cuando obliga a esos establecimientos a ofrecer atención a pacientes en estado crítico aunque no tengan dinero ni seguro médico, y en los mismos términos se han expresado la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Silsalril) y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Imagino que a estas alturas, querido lector, ya se habrá dado usted cuenta  de que todo esto es a propósito del lamentable fallecimiento del exguerrillero Claudio Caamaño Grullón, quien  luego de sufrir un accidente automovilístico fue llevado por sus familiares a  cuatro centros de salud públicos  y privados que, por distintas razones, le negaron atención, una angustiante peripecia en la  que se perdió un tiempo precioso que pudo salvarle la vida. La funcionaria   también recordó que  recibir esa atención  es un derecho fundamental  que consagra la Constitución,  pero  en el mundo real las cosas funcionan de otra manera, como tuvieron  la oportunidad de comprobar, de manera dolorosa,  los familiares de Caamaño Grullón. Y como la doctora Guzmán Marcelino afirma que “avanzan a buen ritmo” las investigaciones dirigidas  a determinar si el exguerrillero murió como consecuencia de las negativas de esos centros a estabilizarlo,  tal vez sea oportuno que nos   preguntemos si  se  hará lo que nunca se ha hecho; sancionar a esos establecimientos  de salud si  se comprueba que violaron la Ley General de Salud. Aunque solo sea, señora Ministra, para honrar la memoria de un hombre que lo dio todo –incluida la vida– por este país, y de paso hacer respetar un derecho que consagra la Constitución, ese ajado y manoseado pedazo de papel.