M. DARÍO CONTRERAS
La ciudadanía está cansada de oír a nuestros políticos, especialmente a los aspirantes a la Presidencia de la República, hablar sobre la corrupción administrativa y de cómo, de ser favorecidos, lucharían para eliminar esta lacra que ha empobrecido al país y hecho ricos a unos cuantos dirigentes   civiles y militares   que nunca se cansan de presentarse como admirables y ahorrativos empresarios que han acumulado sus fortunas en base a un tesonero y serio trabajo de inversiones prudentes, acompañado de una vida austera y de sacrificios.

Aunque esta afirmación pueda considerarse como melodramática o exagerada, el hecho es que, a fin de cuentas, todo se queda en palabrerías y posturas electoreras. Lo que nunca proponen seriamente los futuros aspirantes a conductores de la nación, es la creación de los instrumentos institucionales idóneos que efectivamente prevengan y penalicen los actos de enriquecimiento ilícito de nuestros gobernantes.

Si realmente se quiere luchar contra la corrupción, se requieren instituciones lo más alejadas posible de las influencias políticas,   es decir, autónomas, independientes y conformadas por profesionales de reconocida y limpia trayectoria profesional   que puedan perseguir sin miramientos a todos los que se beneficien indebidamente de los fondos públicos que administran por delegación. Un organismo como la Cámara de Cuentas,   que algunos consideran como de Cuentos,   debe ser rediseñado para convertirse en un verdadero instrumento de control financiero externo del uso que se le dan a los recursos del Estado. Los jueces de este tribunal debieran escogerse mediante un sistema que garantice que su nombramiento no dependa de favores o filiaciones políticas. Lo mismo debiera suceder con el nombramiento de los fiscales que representan a toda la sociedad. Por cierto, ¿qué ha ocurrido con el fiscal nacional anticorrupción? ¿Y el Defensor del Pueblo u Ombudsman?

La lucha contra la corrupción administrativa en el gobierno seguirá siendo una quijotada mientras no se cuente con instituciones y mecanismos efectivos que no estén sujetos a los vaivenes de la política partidista. En una ocasión se habló de promulgar una ley que le permitiera al Estado investigar el patrimonio de los funcionarios del gobierno mediante lo que se llama «la inversión del fardo de la prueba». Es decir, que todo funcionario público tiene el deber de mostrar y probar el origen de su riqueza cuando así le sea requerido, sin necesidad de que los fiscales presenten pruebas serias, graves, precisas y concordantes. Recordemos que la Oficina de Impuestos Internos de los Estados Unidos pudo encarcelar al famoso jefe mafioso Al Capone por la evasión de impuestos;    su vida ostentosa no coincidía con su declaración o ausencia de pago de los impuestos federales.

Un posible comienzo en la dirección de mayor transparencia en la escogencia de nuestros dirigentes nacionales sería la de que a todos los candidatos a cargos electivos se les exija una declaración jurada de su patrimonio, la cual pueda ser investigada a profundidad por la Junta Central Electoral, con la ayuda de la Cámara de Cuentas, y que los resultados sean dados a conocer a la ciudadanía en vistas públicas. Todo el que aspire a un cargo público debe estar dispuesto a transparentar a la nación sus cualidades y condiciones que le acrediten como ciudadano honorable y confiable contribuyente del fisco. Algunos países van más lejos y también requieren que se haga de conocimiento público el historial médico de los que administran el erario nacional.

Es mucho lo que tenemos por delante para hacer del ejercicio de gobernar una tarea mucho más transparente y responsable. Comencemos por exigirles a nuestros candidatos políticos que presenten planes concretos institucionales y viables para la lucha contra la corrupción o, de lo contrario, que no toquen este tema y se dediquen a hablar de otras cosas, para no seguir hiriendo nuestras inteligencias.