La venta de la Refinería Dominicana de Petróleo al Estado Venezolano, o a su subsidiaria PDVSA, es un hecho consumado.

La recepción de todos los derivados del petróleo en la República Dominicana, así como el petróleo reconstituido que se refina en esas instalaciones pasa de una empresa multinacional extranjera asociada al Estado Dominicano a una empresa propiedad de dos Estados.

Ellos se comprometen a ampliar la capacidad de las instalaciones para satisfacer las demandas locales y hacer del país un espacio con capacidad de exportación de refinos en todas sus variedades, cosa que ya celebran muchos, no tantos, con alegría semejante a la que se generó el día que don Antonio Guzmán anunció la compra de las acciones de la Rosario por el valor de lo que ella se iba a ganar en los siete años de explotación que le faltaban para que se agotasen los óxidos contenidos en la mina.

Esos alegres señores no saben ni tienen por qué saber de dónde sacará el Estado Dominicano sus aportes cuando debidamente instalados en el Consejo de Directores de la Refinería Dominico Venezolana de Petróleo los socios demanden el 51, el 50 o el 49 por ciento de los recursos necesarios para las expansiones impostergables que permitan, en primer lugar satisfacer el mercado interno y unos días después unos aportes un tanto más grandes para que el país sea exportador de materiales refinados derivados del petróleo.

Pudo haberse seguido otro camino a partir de la oferta hecha por empresarios privados a la Shell como valor de referencia de su participación en una empresa cuyas maquinarias deben estar totalmente depreciadas en la contabilidad y cuyo activo principal es la concesión, particularmente de la boca de manguera por donde entran todos los materiales petroleros y su larga parentela al territorio nacional, con excepción del Gas Natural de AES en Andrés y del GLP de los Santana en San Pedro de Macorís.

Si eso valían las acciones de Shell, las del Estado valían lo mismo, minutos más minutos menos.

De esa negociación el Estado tomaba, de inmediato, unos 40 millones de dólares por Ganancia de Capital más los dividendos no cobrados de los últimos años.

Ya en esa nueva sociedad, las acciones del Estado podían colocarse en Bolsa en paquetes pequeños con un precio mínimo del de referencia por la compra ya realizada por el grupo privado.

Grupo privado que sería el inmediato y más probable pujador en esas ofertas para alejar de sus mandos a socios no deseables.

Con ello se lograba una venta al precio máximo posible de las acciones de un Estado en la compañía, cuya presencia en esa actividad espanta la participación de otras empresas en el mercado de refinos desde hace mucho tiempo.

Se lograba además, la expansión del mercado de valores, con una primera gran empresa ofertando acciones en él.

Y se abrían las opciones para múltiples inversiones en refinerías en un momento en que la riqueza nacional por excelencia de más en más es la posición geográfica.

Entre esas múltiples empresas, naturalmente que siempre sería bien recibida PDVSA.