Lo cierto es, jurídicamente hablando, que los dominicanos eligieron mayoritariamente un gobierno para que rija su destino a partir del 16 de agosto de este año, pero no es menos cierto que en la conciencia de la nación queda la sombra que arrojó el proceso que con inequidad desembocó en las urnas el pasado 16 de mayo.

Una oscuridad que ciertamente no causa un total  vacío de legitimidad. Eclécticamente  lo ha visto así la Organización de Estados Americanos (OEA) que realizó una equidistante, profesional e inteligente observación de los comicios. Además, esta apreciación queda indicada  en los balances, agudos, responsables y constructivos, de la organización de la sociedad civil nuestra Participación Ciudadana.

Hasta la propia Junta Central Electoral parece compartir este criterio, al dejar patente de un modo bastante claro su  frustración porque careció de reglas para evitar el uso y abuso de los recursos del poder. Mayo y la reelección dejan, sin lugar a dudas, un trauma (además de una selección de ganadores) que se expresa en que ha quedado muy en evidencia,  y hasta de manera dramática y vergonzosa, un vacío legal e institucional enorme que permitió que el Estado estuviera plenamente de un solo lado, como un participante más.

Dos caras de una nacionalización

El gobierno decidió  adquirir la parte privada de la Refinería Dominicana para beneficiarse más de participar  en Petrocaribe, su fuente esencial de crudos. Es innegable además que la gestión privada en Refidomsa ha mirado más, en su lógico afán de lucro, hacia su conveniencia que hacia los objetivos de su socio estatal.  Habría que ver ahora cuánto más podría hacer el gobierno por una Refinería que en volumen de procesamientos quedó muy atrás. Se dice, precisamente, que por culpa de la Shell.

Una preocupación estriba en que los gobiernos nuestros subordinan mucho su manejo de los medios de producción a la estrechez del interés partidario. Se dice que la principal amenaza a la buena marcha de Refidomsa, ya estatal por completo, sería el clientelismo; pero si tal cosa ocurre  sería el más descarado abuso contra los intereses del país,  pues se trata de un temor muy expresado con anticipación para que el gobierno evite que ocurra. Este es  un prejuicio lleno de fundamento.