En razón de que en las próximas elecciones los votos no serán contabilizados manualmente sino que serán escaneados por un equipo en cada colegio electoral, el cual generará un acta de votación sin que los miembros del colegio, los delegados de los partidos y los observadores puedan verificar el proceso, Participación Ciudadana (PC) propuso a la Junta Central Electoral que realice una previa certificación de los equipos y los software a ser utilizados, mediante la contratación de una firma internacional con experiencia en la materia.

Al mismo tiempo PC ha solicitado que se permita realizar un conteo manual paralelo en una muestra del 3 por ciento de los colegios electorales para comparar los resultados con el automático, con el objetivo de agregar confianza y credibilidad al nuevo sistema del cómputo electoral. Esa muestra servirá también como conteo rápido, el cual no podría realizare si los observadores no tienen acceso al escrutinio delante de los delegados políticos, como era tradicional.

La propuesta está contenida en el Tercer Informe de la Observación Electoral de las Elecciones Generales del 2016, emitido este jueves 17 de marzo por el movimiento Cívico, que se refiere a 14 aspectos del proceso, entre ellos los problemas que han confrontado los partidos para cerrar pactos y completar sus candidaturas, a monitoreos de la propaganda de los partidos y del gobierno, al financiamiento público de los partidos y su relación con el presupuesto nacional, al Reglamento Contencioso Electoral, a la multiplicidad de recursos incoados ante el Tribunal Superior Electoral, y a la violencia que ha cobrado tres vidas en una lucha desaforada por las candidaturas.

Gran inequidad en la propaganda electoral

Un monitoreo de la propaganda política en el mes de febrero muestra la enorme inequidad entre el Partido de la Liberación Dominicana y sus contrincantes electorales, con una concentración del 79.3 por ciento de toda la publicidad política en prensa, radio y televisión, que incluyendo sus aliados alcanzó el 81.52 por ciento con un costo de 369 millones 603 mil 597 pesos.

Le siguió muy de lejos el Partido Revolucionario Moderno con el 16.84 por ciento, que incluyendo aliados llegó al 17.83 por ciento, con gasto total de 80 millones 869 mil 843 pesos.

Es relevante que estos dos bloques de partidos totalizaron el 99.35 por ciento de toda la publicidad política del mes. En tercer lugar quedó la Fuerza Nacional Progresista con una inversión de 1 millón 551 mil 945 pesos, apenas el 0.34 por ciento de la publicidad total.

El costo total de la publicidad en esos medios fue de 453 millones 339 mil 975 pesos, de los cuales 391 millones 636 mil 662, el 86 por ciento correspondió a la televisión, La radio registró el 13 por ciento con un valor de 56 millones 355 mil 113 pesos, y la prensa escrita sólo el 1 por ciento, equivalente a 5 millones 348 mil 199 pesos. El monitoreo fue realizado por la empresa Publimonitor en el período del 1 al 29 de febrero abarcando a nivel nacional 28 canales de televisión directa y por cable, 74 radioemisoras y 10 periódicos.

Gran incremento de la publicidad del gobierno

La enorme ventaja que tiene el PLD en la inversión publicitaria se multiplica con el beneficio que recibe de la publicidad que paga el gobierno, el mayor anunciante del país el año pasado, y que en los primeros dos meses del 2016 registra un incremento superior al cien por ciento en relación al mismo período del 2015, cuando gastó más de 10 millones de pesos por día.

El gasto en Publicidad y Propaganda del Gobierno Central durante los dos primeros meses del año se elevó a mil 113 millones de pesos, de los cuales el Poder Ejecutivo ejecutó 841 millones, para un gasto diario de 14 millones de pesos, en contraste con los 5 millones 440 mil pesos diario del año pasado, como se deduce de lo consignado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) del gobierno.

Gran parte de esa publicidad es para ponderar la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, lo que implica el uso de recursos públicos para promover su reelección. Llama la atención que la misma Presidencia de la República aumentara su gasto publicitario en más de 300 por ciento en los meses de enero y febrero, en relación al mismo período del año pasado, invirtiendo 2 millones 247 mil pesos cada día. En esos meses del 2015 sólo gastaba 552 mil pesos por día.

Otros incrementos desmesurados del gasto en publicidad y propaganda en la institución los cifraba en 663 mil. El bimestre indicado lo registraron los ministerios de Administración Pública y de Educación con 258 y 238 por ciento respectivamente. Educación gastó 2 millones 730 mil pesos diarios, mientras en el mismo período del 2015 sólo ejecutó 807 mil pesos por día.

Otros temas del Tercer Informe

Como expresión de la incapacidad del sistema político para administrar democráticamente la elección de candidatos, el informe resalta que en un mes el Tribunal Superior Electoral conoció 70 audiencias sobre instancias elevadas por ciudadanos y ciudadanas que se habían considerado vulnerados en sus derechos constitucionales.

PC da cuenta de que la JCE no ha respondido la carta remisión del Segundo Informe de hace un mes donde se formulaban cuestionamientos al padrón electoral, como el que su crecimiento cayera del 14 al 5 por ciento en el último cuatrienio, y que los nuevos electores al cierre del mismo sean 351 mil, cuando en abril del año pasado la misma los cuantificaba en 662 mil. Insiste en pedir explicación al significado de los 207 mil que al cierre del padrón aparecen como «ciudadanos con biométricos validados».

PC defiende la cuota de la mujer, informa que ya se inició la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas que observarán la elección del 15 de mayo. Finalmente considera que el asesinato del exrector universitario Mateo Aquino Febrillet, como la de dos dirigentes peledeístas en diciembre, «es una nueva expresión de la degradación de la política, del tráfico de candidaturas, de alianzas sin principios programáticos, y de la incursión en esa noble actividad de grupos e individuos muy distantes de los supremos intereses nacionales».