La reforma al Código Penal y la ley de Seguridad Social podrían ser aprobados en la legislatura extraordinaria que propuso el Poder Ejecutivo y que inició este jueves. Al respecto, los congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reiteraron que la petición de la extensión es para conocer proyectos a favor de la población.
Sin embargo, desde la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideran que este período legislativo será aprovechado por el oficialismo para sancionar iniciativas afines a los aprestos reeleccionistas.
De su lado, diputados del partido Fuerza del Pueblo aseguraron que la intención de convocar la legislatura extraordinaria obedece a intereses particulares del PRM.
En tanto que los perremeistas afirman que el partido morado hace un juego de doble moral respecto a la no aprobación de la reforma al Código Penal.
La semana próxima ambas cámaras legislativas en el Congreso Nacional tienen previsto desarrollar la primera sesión en esta extensión del período de la primera legislatura del 2023.
Además, llaman a aprobar proyectos importantes, como la Ley de Agua, la reforma del Código Penal, la enmienda a la Ley de la Seguridad Social.
Puede leer: Defensa de Donald Guerrero afirma Cámara de Cuentas viola normas al no publicar auditoría
El presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, dijo que está de acuerdo con que el presidente de la República, Luis Abinader, emitiera el Decreto 335-23, para abrir el nuevo tiempo de trabajo en las dos cámara congresuales, desde el 27 de julio hasta el próximo 15 de agosto, porque permite conocer proyectos a los que deben darles salida, entre los que citó el proyecto que crea el Ministerio de Justicia, al que aspiran a darle salida en esta legislatura.
Héctor Ramírez, del PLD, reconoció la facultad del Ejecutivo llamar a otra legislatura, en la que conozcan proyectos como la Ley de Seguridad Social y la legislación penal.
Braulio Espinal, de DXC, dijo que en este tiempo tienen la obligación de aprobar la ley que administra los bienes en extinción de dominio y el informe del proyecto que solicita juicio político para los miembros de la Cámara de Cuentas.