El avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue confiscado en República Dominicana por los Estados Unidos con asistencia de las autoridades locales y transferido a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares.

Así lo denunció el fiscal Merrick B. Garland, quien además reveló que la aeronave fue adquirida “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”.

Este acto fue llevado a cabo en una operación que realizó Estados Unidos en la República Dominicana y que tiene base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela, según informó este lunes el Departamento de Justicia.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.

Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.

Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado “casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países».

Gobierno dominicano dicen que el avión estaba a nombre de otro

Por su parte, el presidente dominicano, Luis Abinader, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aclararon que no estaba a nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, ni del gobierno de Venezuela, sino de un ente privado, el avión confiscado por el Departamento de de Justicia de Estados Unidos.

La aclaración fue hecha por el mandatario y el canciller en el encuentro LA Semanal en respuesta a pregunta de periodistas, especificando que la aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento.

“Debemos señalar que ese avión no estaba a nombre del gobierno venezolano; estaba a nombre de un particular”, especificó el presidente Abinader, quien resaltó que en el país deben haber 40 aviones recibiendo mantenimiento.

Alvarez refirió que la nave fue retenida por el Ministerio Público en mayo pasado a requerimientos de autoridades de Estados Unidos como parte de un proceso de investigación criminal y que finalmente el pasado lunes fue confiscada por ese país.

“En mayo, el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera inmovilizada o secuestrada la aeronave con el fin de realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos; explicó Roberto Alvarez.

Agregó que las autoridades recibieron la sentencia del tribunal competente para entregar el avión al país requirente, en este caso Estados Unidos.

El Canciller especificó que las autoridades dominicanas no han participado en esa investigación que llevan a cabo autoridades judiciales de Estados Unidos, por lo que el Gobierno Central no emitirá una opinión y remitió al Ministerio Público, que calificó como independiente, si se desean mayores detalles sobre la incautación del avión.

Maduro tilda piratería confiscación de su avión

En tanto que, el Gobierno de Venezuela anunció ayer que se reservará el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal” de EE.UU., señaló el Ejecutivo de Maduro en comunicado, en que tildaron la confiscación de “piratería».

Dijo que se trata de una “práctica criminal” aplicada por EE.UU. “justificándose” en las numerosas sanciones aplicadas contra altos funcionarios chavistas en los últimos años.

“Esta acción revela que ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional (…) Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presiona a Estados como República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos delincuenciales”.

A juicio de Caracas, “esta no es una acción aislada”, sino que “forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno”, luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, lo que no ha sido reconocido por numerosos países, toda vez que la oposición mayoritaria denuncia fraude y se adjudica la victoria.

Con información de EFE

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