En todo el discurrir de nuestra historia, los pactos entre las elites para superar momentos de crisis, marginando la irrupción en ellas de los sectores populares, ha sido la constante. Por eso, cuando surgen incidentes signados por el recurso a la violencia, como el que se produjo recientemente en local del PRD en la que la espontaneidad de las bases perredeístas fue determinante, la mayoría de los líderes de opinión se confunden y no logran identificar la  esencia y significado de ese hecho político.

De ese incidente, a éstos lo que llama la atención es el momento de la manifestación de la violencia que allí se produjo, no las reales causas que la provocó, las cuales en esencia,  se deben al contubernio entre Miguel Vargas con las máximas figuras del PLD por recíprocos interés, violentando y hasta prostituyendo parte de las instituciones de políticas y de la Justicia.

Cierto es que los vídeos donde se muestran los tiros, heridos y las sillas rotas en la falsa que quiso montar la facción minoritaria del PRD hacen daño al país, son expresiones de un inaceptable atraso en la forma de dirimir los problemas partidarios. Sin embargo, las razones que motivaron ese incidente ha sido la utilización de las principales instituciones de la Justicia dominicana, para un peligroso fin político: provocar la inhabilitación política de un partido, para que éste no cumpla con su rol de contrapeso en la estructura político/administrativa del Estado, como requiere todo sistema político básicamente democrático.

Las demostraciones del contubernio arriba señalado son muchas y en cualquier país con capacidad de asombro, motivarían la más genuina indignación colectiva. Danilo Medina, entonces candidato presidencial decía que entre las principales razones que determinarían su triunfo, era que contaba con Miguel Vargas, presidente del PRD. En qué país del mundo, un candidato presidencial expresa públicamente que entre sus activos para ganar un torneo electoral, cuenta al presidente del principal partido que lo enfrentaba, sin que eso provocase una generalizada repulsa social. 

Sólo en este país, se instituye un Tribunal Superior Electoral integrado básicamente por militantes del partido de gobierno y por personeros vinculados a ese “activo” y no sólo eso, que el presidente de la República integra una Suprema Corte presidida por un socio de su bufete de abogados, lo que constituye una inaceptable violación al principio de la ética y de la transparencia en el manejo de la cosa pública, por  demás atentatorio contra un libre ejercicio del Derecho y sin privilegios. No puede ser realmente democrática una sociedad,  si las principales instancias de su superestructura jurídica y política sirven de mera caja de resonancia del partido de gobierno y eso ha sido parte del diseño de poder absolutista que poco a poco ha ido construyendo el PLD, llegando al extremo de integrar en ese diseño, entre otros, al presidente del principal partido de la oposición.

Esa integración constituye parte esencial de la crisis del PRD. Reducirla a una lucha entre dos personas es un desatino de algunos y una mojigatería de otros que no logran entender que más las sillas rotas, lo que nos avergüenza es la instrumentalización de la Justicia para profundizar dicha crisis.