El Gobierno ha decidido aumentar de US$350 millones a US$450 millones su aporte para el presente año al Fondo de Estabilización del Sector Eléctrico y, como medida coyuntural que es, hay que reconocer que permitirá aliviar las deficiencias estacionales del suministro de energía eléctrica.

Esa decisión, salvando las diferencias, se corresponde con la conducta oficial en pro del sostenimiento de la estabilidad social y que motivó que, a contrapelo de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), quedara intacto el subsidio al gas licuado de petróleo.

Pero los problemas energéticos reclaman soluciones estructurales que permitan desmontar el trato malicioso que predomina entre actores de este mercado, trato que está basado en la falta de vocación de pago de la energía por parte de un segmento de los usuarios y, como contrapartida, la doble penalización de los usuarios que pagan por parte de las distribuidoras.

No hay manera de desmentir que las distribuidoras de energía cobran a los usuarios puntuales y solventes la energía que usan y no pagan los insolventes y morosos.

Es inocultable que el cobro en base a patrón de consumo, al que recurren las distribuidoras, perjudica a los usuarios que pagan por la energía pues en las facturas jamás se descuentan los kilovatios/hora dejados de suministrar por causa de los apagones.

No hay manera de negar que en los sectores de baja vocación de pago, los distribuidores recurren a los apagones generalizados que perjudican a los usuarios buenapaga como si fueran malapaga.

-II-

El Gobierno tiene que vigilar y preservar la estabilidad del suministro de energía eléctrica, que es un servicio estratégico para la economía y hasta para la gobernabilidad.

Pero ese compromiso tiene que ir apareado con reglas de juego que impidan que aquellos que explotan comercialmente la venta de electricidad violenten pautas tan elementales como la individualidad de los contratos intervenidos con los usuarios de la energía.

No es moralmente aceptable que la gente contrate suministro de energía eléctrica y que no lo pague, pero tampoco lo es que los vendedores de esa energía compensen sus pérdidas recargando las facturas de quienes pagan puntualmente. Lo uno y lo otro son prácticas censurables, pero están entre las características de las relaciones que predominan en nuestro mercado eléctrico, y el Estado no hace nada por ponerle fin a esas condiciones.

Hay que observar que el Estado juega un papel bastante complejo, una función dual en el mercado eléctrico. Mientras por una parte le corresponde ser un ente moderador y regulador, que establezca y haga respetar las reglas básicas de operación, por otra parte es socio igualitario de los actores que explotan comercialmente el servicio de electricidad. Debe ser juez y parte y eso, en determinadas circunstancias, pone en entredicho su efectividad como fiscalizador de las operaciones de las empresas en ese mercado.

Está bien que se actúe como se ha actuado para enfrentar una coyuntura, pero hay que comprometerse a resolver los problemas estructurales, de una vez por todas.