Hay un adagio muy citado por los expertos en gerencia que señala que la atención de las cuestiones urgentes no nos debe conducir a olvidar aquellas cosas importantes para la organización. Y es que frecuentemente el trajinar cotidiano ocupa el tiempo de los líderes y gerentes de una empresa, al extremo que es imposible atender aquellas cuestiones que, a pesar de no ser urgentes, son vitales para la subsistencia y consolidación a mediano y largo plazo de la institución.

Decimos esto porque, ante la presencia amenazadora de los factores que atentan contra la estabilidad macro-económica de la nación, nuestras élites pueden verse constreñidas a desatender aquellas reformas que son cruciales para que la República Dominicana no solo pueda salir a flote, más o menos indemne, sino también, lo que no es menos importante, pueda efectivamente consolidarse como nación productiva, competitiva y desarrollada en términos de crecimiento económico y equidad social.

Diseñar e implementar adecuadamente la política de subsidios, tener finanzas públicas equilibradas, enfrentar la permanente crisis eléctrica, tomar provisiones para hacer cara a potenciales crisis alimentarias, nada de ello, debe hacernos olvidar que se trata de aspectos parciales de un gran problema nacional que ni siquiera los economistas –tan apegados a los datos puros y duros de la econometría- hoy pasan por alto: la necesidad de consolidar instituciones fuertes y eficientes que creen el entorno necesario para que los agentes económicos operen en condiciones de garantía de las libertades económicas, seguridad jurídica y certidumbre institucional.

Es la atención de los problemas institucionales lo que sienta las bases para que siempre el Estado y la sociedad pueden enfrentar adecuadamente cuantos problemas coyunturales afecten el sistema económico de la nación. Por eso, reconforta saber de que, por lo menos a nivel del empresariado, como destacaba recientemente el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarulla, la propuesta de medidas económicas para enfrentar la actual coyuntura no desplaza la presentación de soluciones a los problemas institucionales, tanto a nivel económico como político.

Y decimos que reconforta porque es innegable que si el empresariado y las demás fuerzas que componen nuestra dinámica sociedad civil no asumen la tarea ineludible de pensar, proponer y dar seguimiento a las propuestas institucionales se repetirá la historia de siempre: lo urgente ahoga lo importante.

De ahí que es vital una posición clara y firme del empresariado y la sociedad civil acerca de la reforma político-electoral, la necesidad de aprobar una Ley de Administración Pública y una Ley de Procedimiento Administrativo que enmarquen legalmente la acción administrativa y permitan el control judicial de la arbitrariedad estatal, la implementación efectiva de las leyes que conforman el ordenamiento de nuestras finanzas públicas (tesoro, contabilidad, Cámara de Cuentas, presupuesto, administración financiera, etc.) el diseño de alternativas a la existencia de múltiples reguladores de los mercados financieros (banca, seguros, valores, pensiones) y del mercado en general (consumidores, competencia) que aumentan los costos regulatorios de la actividad económica, el fortalecimiento de las Administraciones reguladoras independientes (Banco Central, INDOTEL, Superintendencia de Electricidad) para hacer realidad la neutralización política de las actividades económicas, la implementación de la Ley de Municipios y del Distrito Nacional para hacer efectiva la descentralización y la autonomía municipal, la reforma del estatuto de las sociedades comerciales, la creación de un círculo virtuoso que permita canalizar el ahorro de los trabajadores hacia las actividades productivas, al tiempo de disminuir los costos de financiamiento de las empresas, el fomento de las pequeñas y medianas empresas y su acceso a los mercados financieros, la inclusividad de la banca a través de la bancarización lo cual, al tiempo de dar sostenibilidad a la rentabilidad de las empresas bancarias, permite acceder a la economía formal y al crédito a millones de dominicanos; la aprobación de una Ley de Procedimiento Constitucional que permita consolidar la justicia constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, la designación de un Defensor del Pueblo que sea un paradigma de moralidad y responsabilidad, y el definitivo lanzamiento de la segunda ola de reformas en el sector justicia.

Son cosas importantes que deben ser atendidas conjuntamente con lo urgente, para que lo urgente no termine de socavar nuestra muy precaria institucionalidad.