El aumento de la cobertura en medicamentos para los asegurados del régimen contributivo de la seguridad social es una conquista que hay que preservar a toda costa y la primera razón para defenderla es que es una decisión justa. Por mucho tiempo, tal vez todo el que tiene de vigencia el Sistema Dominicano de Seguridad Social, se había venido demandando este aumento del inventario de fármacos, por considerar que resultaba insuficiente para cubrir las necesidades de los beneficiarios del seguro.

No tiene asidero que algunas Administradoras de Riesgos de Salud aparezcan ahora objetando una decisión que es el fruto del consenso entre todos los actores de la seguridad social. El aumento de la cobertura en fármacos está avalado, inclusive, en un alza en la cápita correspondiente a los asegurados del régimen contributivo. Todo cuanto se ha hecho para apuntalar esta conquista está fundamentado en negociaciones y acuerdos que no pueden ser desconocidos antojadizamente.

Los asegurados del régimen contributivo tienen que ser atendidos con apego a la resolución que aumentó la cobertura de medicamentos. Las autoridades que fiscalizan la seguridad social deben mantenerse atentas a cualquier práctica de las Administradoras de Riesgos de Salud que pretenda desconocer esta conquista de los trabajadores amparados en el régimen contributivo.

Derecho a la protesta pacífica

La Constitución le reconoce a los ciudadanos el derecho a protestar pacíficamente cuando haya situaciones que consideren que les perjudican. Y lo reconoce con tanta plenitud, que solo dispone como requisito que la autoridad competente sean notificada de la hora y lugar de la manifestación de protesta. Pero aquí la Policía actúa con brusquedad contra las manifestaciones pacíficas, recurriendo a métodos que atentan contra la integridad de ciudadanos que ejercen ese derecho.

Hemos visto esta actitud represiva ante los manifestantes que han formado la cadena humana ante las instalaciones de la OISOE, frente al Palacio Nacional. No estamos abogando porque se toleren alteraciones de la paz pública, sino defendiendo el derecho a la protesta pacífica, que está amparado por la Constitución.