El plan de seguridad democrática ejecuta 14 programas en 100 barrios de distintas localidades del país donde está operando. los programas tratan de dar respuestas a necesidades de personas que residen en lugares donde abunda la delincuencia.

La Secretaría de Estado de Interior y Policía tiene en lo adelante en el tema migratorio su principal desafío.

 El titular de esa cartera, el doctor Franklin Almeyda, al comparecer al almuerzo semanal  de los medios de comunicación del Grupo Corripio, advirtió que si ese tema no es asumido a tiempo, la República Dominicana tendrá un grave problema con Haití.

Consideró que si la nación dominicana se convierte en el granero del Caribe, como aspira el presidente Leonel Fernández, sería una tentación para la población haitiana, que se movería de manera masiva hacia la República Dominicana. 

Ante tal eventualidad, su  posición es que se continúe ayudando a Haití pero cuidando los puertos, aeropuertos y fronteras para, además de controlar el tráfico de humanos,  reducir a su máxima expresión la entrada al país de drogas y armas de fuego.

Almeyda sostuvo que Interior y Policía se prepara para iniciar ese proceso.

Destacó que el mismo no había sido comenzado porque se buscaba un consenso general sobre las normativas constitucionales que tienen que ver con el mismo.

Indocumentados. Conforme a las estimaciones del funcionario, en el país hay una alta población de extranjeros indocumentados que, contrario a como se cree, no son sólo de nacionalidad haitiana, sino también   franceses, alemanes, suizos, españoles, colombianos, cubanos, etc. “porque ha habido una especie de descuido del Estado”.

El funcionario subrayó que asumirá este tema migratorio  a partir de las premisas y principios constitucionales. La Constitución actual establece que son dominicanos los hijos de dominicanos por el “jus sanguinis”, y también los nacidos aquí por el “jus solis”.

  Expresó que la gran discusión ha estado con relación a lo del jus solis. Recordó que los hijos de personas en tránsito no pueden ser declarados dominicanos, como el caso de las parturientas haitianas, que vienen a hospitales dominicanos, ni los hijos del cuerpo diplomático en el país,  los estudiantes universitarios y trabajadores agrícolas, de construcción, entre otros.

 En el país hay cerca de 15 mil haitianos estudiando en  universidades.

 Almeyda afirmó que se deberá hacer  un censo para saber cuántos extranjeros hay en el país y qué tipo de documentos el Estado les otorgará.  Se deberá regularizar el status de los extranjeros a través de un documento de residencia, no de nacionalidad, que puede ser temporal o permanente.

Dijo que se ha llegado al consenso de que se debe ir a una reforma constitucional en la que solo prevalezca el jus sanguini. “Aquellos a quienes se le dé la residencia, que nazca en el país, podrá optar por la nacionalidad sobre la base de la naturalización”.

 Consideró que establecer un marco jurídico y organizarlo no solamente es laborioso, sino que tiene sus complejidades, porque la población haitiana es la predominante. No se sabe con  exactitud cuántos haitianos hay en el país, pero se estiman en más de 400 mil. Otros hablan de un millón.

Almeyda favorece que a esa población se le dé la oportunidad regularizándolo con su documentación.

  Seguridad Democrática tiene  14 programas en 100 barrios

La Secretaría de Estado  de Interior y Policía desarrolla 14 programas en los 100 barrios intervenidos  por el  Plan de Seguridad Democrática, los cuales son:  Reforma y Modernización de la Policía Nacional, que contempla una nueva estructura y doctrina basada en los seis ejes policiales y un programa de capacitación permanente.

También la formación y desarrollo de la  Mesa Interinstitucional de Coordinación y Estrategia Contra el Microtráfico de Drogas,   Protección a víctimas de la Violencia y el Control de armas, Barrio Seguro.

Además, el Ordenamiento de Tránsito y Carreteras (OTCA), Control de Bebidas Alcohólicas (COBA),  Red Alimentaria, Call Center hacia el 911, Ordenamiento de los Cuerpos de Bomberos, Prevención y Seguridad, Control y Regulación de Productos Pirotécnicos, Regulación y Ordenamiento de Motoristas y Motoconcho y el Programa Migratorio de Regulación de Extranjeros en el país y en la Diáspora.

Al ofrecer la información en el Almuerzo que organiza todas las semanas el Grupo de Comunicaciones Corripio, el secretario de Estado de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda, destacó que con el  Plan de Seguridad Democrática se busca garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, atacar integralmente las multicausales de la violencia y de la delincuencia.

 Además, favorecer la ruptura de la ausencia que ha tenido el Estado con las comunidades excluidas para crear oportunidades de participación y solidaridad.

Asimismo, crear las condiciones de seguridad física y material para que las organizaciones comunitarias y de la sociedad recuperen su espacio social.

Según  la Secretaría de Interior y Policía,  en el Distrito Nacional hay 41 barrios intervenidos, 28 en los municipios Santo Domingo Norte y Este y 31 en Santiago, 

Entre los barrios del Distrito Nacional están: 30 de Mayo, Los Praditos, los kilómetros 7, 8, 8 1/2 y 11,  Ensanche Kennedy, Ensanche La Fe, Cristo Rey, Las Flores, La Puya de Arroyo Hondo, Capotillo, La Ciénaga, Las Cañitas, Los Guandules, 27 de Febrero, Guachupita, Gualey, Villas Agrícolas, La Zurza, Simón Bolívar, San Carlos, Villa Francisca, Villa Consuelo y Villa Juana.

Además están intervenidos los barrios de Santo Domingo Norte Villa Mella, Los Guaricanos, Sabana Perdida, Santa Cruz, San Felipe.

En Santo Domingo Este están intervenidos Villa Duarte, Los Mameyes, Villa Faro, Los Tres Brazos, Los Mina y San Luis.

Las explicaciones fueron dadas por el titular de Interior y Policía y funcionarios de esa cartera a periodistas y a ejecutivos  del Grupo Corripio; periódicos Hoy, El Nacional y El Día y las televisoras Teleantillas, canal 2  y Telesistema, canal 11.

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Propone Instituto

Almeyda sugirió la creación del Instituto de Registro Civil y de Identidad Personal,  al margen de la Junta Central Electora (JCE), que haga posible  que se le otorgue un documento de identidad a la persona desde que nazca. El funcionario consideró que ese  organismo debe ser  autónomo  e independiente  y que funcione y opere en el país solo con esa finalidad.

No Tribunal Contencioso

Almeyda entiende  que la JCE no debiera tener un tribunal contencioso, ya que esa es una sala de la Suprema Corte de Justicia.