RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
En un tiempo récord las autoridades lograron pasar de una grave crisis a un escenario de estabilidad macroeconómica con altas tasas de crecimiento, sin embargo el incremento de la criminalidad y la inseguridad podría opacar esos logros extraordinarios, erosionar la popularidad del presidente Fernández y socavar la sostenibilidad del crecimiento.

En agosto del 2004 la economía dominicana estaba virtualmente paralizada (creciendo en el primer semestre apenas 0.80%) la inflación anualizada superaba el 60% cada mes y se redujo a 51.84% en agosto. El stock de certificados del Banco Central ascendía a RD$89,438 millones colocados a tasas promedio de 53% con un servicio de los intereses superior a los tres mil millones mensuales, mientras se manifestaba un exceso de liquidez originado por una brecha de RD$15,419 millones entre el financiamiento interno, originado por los rescates bancarios, y los valores en circulación, es decir el stock de certificados. Las autoridades habían incumplido prácticamente todas las metas del programa económico con el FMI en dos revisiones sucesivas provocando la suspensión del acuerdo y el país al borde del default con los acreedores externos.

Gracias a una combinación de confianza de los agentes económicos en las nuevas autoridades, disciplina fiscal y monetaria, cumplimiento estricto del programa económico y renegociación total de la deuda externa, permitió superar la parálisis económica y así desde el mismo 2004 el PIB cerró con un modesto crecimiento de 2% y en el 2005 la economía dominicana manifestó sus potencialidades al crecer 9.3%, la mayor tasa de toda la región, con una inflación de apenas 7.44%. En los dos últimos trimestres del 2005 y en el primer trimestre de este 2006 el PIB ha aumentado a una tasa de dos dígitos (10.0, 12.1 y 12.6%) y todo parece indicar que el primer semestre de este año el producto estará creciendo a una tasa superior al 9%, mientras la inflación acumulada a junio ascendía a 3.49% a pesar del choque petrolero y su impacto en los precios internos de los combustibles, el transporte y en los precios de una serie de bienes y servicios.

Aparte del crecimiento con estabilidad, las autoridades del Banco Central han logrado incrementar la reservas netas, según la definición del programa con el FMI, desde US$17.9 millones negativas en agosto del 2004 a US$977.8 millones a junio de este año, un nivel sin precedentes, simultáneamente las reservas internacionales netas aumentaron de US$352.2 a US$1,579.8 millones en ese mismo período.

El tema de los certificados, tan manipulado por los responsables de la mayor hemorragia monetaria en la historia del peso dominicano, ha sido brillantemente manejado por las autoridades del BC disminuyendo los intereses en términos nominales desde un promedio de 53% a tasas promedio de 10.77% (subasta cupón cero pasada semana) extendiendo los períodos de vencimiento desde menos de 30 días a más de un año, mientras el servicio de los intereses se ha reducido, permitiendo así que el cuasi-fiscal haya pasado del 4.0 % del PIB en el 2004 a 2.9% (menor al estimado por el FMI de 3.2% del PIB) en el 2005 y todo apunta que este año no será superior al 2.2% del PIB. En adición, una comisión de alto nivel integrada por el Secretario Técnico, el de Finanzas y el Gobernador del BC presentarán este mes de julio un informe con múltiples alternativas, incluyendo la vía fiscal, para iniciar el desmonte de los certificados.

Ese extraordinario desempeño, unido a éxitos en otras áreas, han permitido al Presidente conservar los niveles de popularidad y asegurarse en las elecciones pasadas el dominio del Poder Legislativo y una cuota importante del municipal, sin embargo esos logros podrían ser opacados de mantenerse los actuales niveles de criminalidad y las expectativas de inseguridad ciudadana.

Este Gobierno que supo enfrentar con acierto la crisis económica más grave de las últimas décadas, devolviendo la esperanza y el optimismo a un pueblo que había perdido la confianza en el Poder Ejecutivo, no puede permitir que los actuales niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana atenten contra el futuro económico de la nación y mermen la calidad de vida de los habitantes de esta media isla atemorizados ante la posibilidad cada vez más real de ser asaltados o asesinados.

Este Gobierno que ha sido tan exitoso en superar una grave crisis económica y colocar el país en la senda del progreso no puede permitir que el crimen organizado, el narcotráfico, el microtráfico y los asaltos estimulados por el consumo de drogas se constituyan en el principal tema nacional, opacando una gestión tan elogiada por organismos multilaterales.

El programa de seguridad democrática ha sido efectivo reduciendo la criminalidad en los barrios intervenidos, pero fuera de ellos incluyendo el casco metropolitano de la Capital y otras ciudades principales, es notoria la ausencia de acciones contundentes así como es notoria la ausencia de vigilancia y de acciones preventivas, como por ejemplo la infiltración del crimen organizado por parte de los organismos de seguridad del Estado y la batida contra el microtráfico que hoy es causa eficiente del raterismo con vocación criminal.

En la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana este Gobierno y esta sociedad, todos, nos jugamos el futuro político y el futuro económico de esta nación.