RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
El compromiso de las presentes autoridades con la recuperación de la estabilidad se ha manifestado en el estricto cumplimiento de las metas monetarias y fiscales del programa con el FMI y de las acciones en materia de la reforma fiscal y del sector financiero, las cuales representan una garantía de la sostenibilidad del crecimiento y de no retroceder a crisis como la acontecida en el 2003.

 En materia fiscal el objetivo fundamental de la reforma era fortalecer el marco institucional de la gestión financiera fiscal y desde la primera carta de intención en enero del 2005 se contemplaban una serie de proyectos de leyes o modificaciones a leyes, pero un Congreso de mayoría opositora recortó dos reformas tributarias y postergó el conocimiento de éstos, razones que obligaron en las posteriores cartas de intenciones a solicitar dispensas al Directorio del FMI y solo después del partido de gobierno obtener mayoría legislativa fue posible, entre noviembre del 2006 y enero del 2007, aprobar seis de estas importantes iniciativas.

Elementos claves en las reformas institucionales de la gestión fiscal lo constituyen la creación de las secretarías de Hacienda y Economía y Planificación, siendo la primera encargada de la gestión del presupuesto y el crédito público. También cabe destacarse las aprobaciones de la Ley de Crédito Público, la de Compras y Contrataciones de Obras, la de Tesorería, la nueva Ley Orgánica del Presupuesto, la de Administración Financiera, Planificación e Inversión Pública y Controles Internos. La implementación del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) representa en este contexto un instrumento que contribuye a una mayor transparencia en las operaciones fiscales del gobierno.

En el programa económico contemplado en la carta de intención de febrero de este año se profundizan estas reformas con la reorganización institucional de la administración fiscal, de la política de gasto (reformar sistemas de transferencias y monitorear el gasto de inversión de los ayuntamientos) reforma de la administración financiera mediante el establecimiento de una cuenta única de Tesorería que comenzó con algunas secretarías y deberá incluir el resto de las entidades del Gobierno Central antes de finales del 2007 y también, con el propósito de fortalecer la ejecución presupuestaria, se elimina la práctica de aprobaciones gasto a gasto por el de cuotas periódicas de compromiso, eliminando así la discrecionalidad en las asignaciones presupuestarias.

En las reformas al sector financiero las presentes autoridades iniciaron, desde diciembre del 2004, la modificación del importante Reglamento para la Evaluación de Activos y han aprobado desde entonces tres reglamentos monetarios (cambiario, plataformas electrónicas y programa monetario) y once reglamentos financieros entre los cuales se destacan el de Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez, Supervisión en Base Consolidada, Estados Financieros en Base Consolidados, Auditores Externos, Concentración de Riesgos y Gobierno Corporativo, entre otros. La Superintendencia de Bancos ha realizado auditorías asistidas a los intermediarios no financieros, los bancos han presentado sus respectivos programa de negocios y la entidad supervisora ha presentado su auto-evaluación del nivel de cumplimiento de los principios de Basilea.

El Banco Central ha cumplido con los dos primeros pilares para la reducción del déficit cuasi fiscal (reducción de los intereses y extensión de los períodos de los certificados por un lado y la creación de una entidad jurídica financiera, el COPRA, para realizar los activos de los bancos quebrados y del propio BC) y el tercer pilar, un proyecto de recapitalización del BC con recursos fiscales, fue aprobado en dos lecturas en la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado. Para fortalecer la Junta Monetaria y aumentar la independencia y la capacidad de rendir cuentas del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, el Poder Ejecutivo depositó en marzo de este año un proyecto de modificación a la Ley Monetaria y Financiera.

Gracias a las reformas estructurales, contenidas en el programa con el FMI, el área fiscal del gobierno cuenta con un moderno marco institucional que garantiza una mayor transparencia y controles en el manejo de los recursos fiscales, mientras hoy los intermediarios financieros cumplen con reglamentos de calidad internacional y la Superintendencia de Bancos avanza al cumplimiento de una supervisión acorde con las normas de Basilea II. Gracias a estos logros se ha apuntalado la estabilidad, el clima para las inversiones ha mejorado y el país eleva sostenidamente la clasificación crediticia. El mantenimiento de este escenario y el reforzamiento de la confianza, especialmente en tiempos de campaña, aconsejaría un acuerdo de baja condicionalidad, tan pronto concluya el presente programa con el FMI.