La implementación de una serie de proyectos destinados a elevar la calidad de nuestro sistema de instrucción pública figura entre los logros alcanzados por el Gobierno del presidente Danilo Medina en los dos primeros años de su gestión. Es así porque de la calidad de la educación que reciban los ciudadanos se deducen sus posibilidades para desarrollarse en libertad.

Amén del máuser reivindicador, creemos que para combatir las desigualdades sociales no existe un instrumento más eficaz que la educación, por lo que esperamos que las medidas que se han venido implementando desde el Ministerio de Educación contribuyan a adaptar los valores tradicionales a las realidades emergentes, a aflorar y a transmitir nuevos usos y nuevos procedimientos que permitan afianzar esas realidades, sin que se produzcan quiebras individuales y colectivas.

El avance científico tecnológico y sus implicaciones sobre los procesos productivos, obligan a una formación prolongada, consistente, versátil, susceptible de adaptarse a las necesarias y frecuentes innovaciones.

Las mayores posibilidades de acceso a un sistema de instrucción pública de calidad, la aspiración de un número cada vez mayor de dominicanos (plural genérico) a obtener una mejor formación, coinciden con las exigencias de superiores requerimientos cognoscitivos de parte del entorno social y productivo. Todas estas variaciones aconsejan y reclaman una reforma en profundidad de nuestro sistema de instrucción pública. Y es eso precisamente lo que estamos tratando de hacer amparados en las directrices que emanan del Gobierno. Pero, debemos tener muy en cuenta el que podríamos contribuir a intensificar el esfuerzo de los poderes públicos y de los distintos sectores de la sociedad civil, manteniendo estables las viejas y caducas estructuras del sistema actual.

Si lo hacemos así, demos por sentado de que nunca alcanzaríamos el fin deseado: un sistema de instrucción pública de calidad al cual todos tengan acceso.

Como hemos podido apreciar, toda una conjunción de razones, unidas con las propiamente educativas, impulsaron al Gobierno del presidente Danilo Medina a considerar, no sólo necesaria y oportuna, sino también inaplazable la reforma de nuestro sistema de instrucción pública. Pero, existen argumentos que pesan en la decisión de no abordarla de manera precipitada.

Uno de ellos reside en nuestra propia historia, salpicadas de reformas de la educación concebida de forma abstracta, que aboga a favor de un proceso de discusión y experimentación previa con miras a incrementar y perfilar mejor las informaciones, contrastar hipótesis, y desechar planteamientos erróneos. En los últimos años ese proceso ha abarcado los niveles inicial, básico y medio. En todos ellos se han probado innovaciones metodológicas y cambios curriculares.

Otro argumento a favor de no precipitar las cosas conecta con el carácter estratégico de toda reforma que exige que la misma sea discutida y aceptada por el conjunto de la sociedad, tal y como ocurrió aquí en las mesas de discusiones y concreción del Pacto Nacional por la Reforma Educativa de la República Dominicana 2014-2030.

Una reforma de nuestro sistema de instrucción pública ha de implantarse progresivamente a lo largo de un calendario sostenido. Sus efectos han de madurar en un amplio horizonte.